La Comisión Europea ha puesto en marcha una investigación en profundidad para determinar si el paquete de ayudas públicas que el Gobierno francés quiere conceder a Électricité de France (EDF) para levantar seis nuevos reactores nucleares se ajusta a los límites fijados por las normas comunitarias sobre ayudas de Estado.
En un comunicado, Bruselas subraya que cada país de la UE puede decidir libremente su mix energético —en el caso de Francia, con un fuerte peso de la energía nuclear— y precisa que la apertura de un expediente de este tipo es habitual en expedientes "complejos".
El expediente se remonta a noviembre de 2025, fecha en la que Francia comunicó formalmente al Ejecutivo comunitario su plan para respaldar la construcción y explotación de seis nuevos reactores nucleares, con una potencia conjunta de 9.990 megavatios.
El proyecto contempla que los nuevos reactores se instalen por parejas en tres centrales ya existentes —Penly, Gravelines y Bugey—, con la previsión de que entren en servicio entre 2038 y 2044, una vida útil de 60 años y un desembolso total estimado de 72.800 millones de euros.
Según detalla Bruselas en su nota, la iniciativa persigue reforzar la seguridad de suministro eléctrico tanto en Francia como en los Estados miembros vecinos y, al mismo tiempo, avanzar en los objetivos de descarbonización de la Unión Europea. Para su explotación se constituirá una sociedad íntegramente controlada por EDF, que seguirá siendo el propietario y operador de todas las centrales en territorio francés.
En este marco, París ha diseñado tres instrumentos de apoyo: un préstamo bonificado con un tipo de interés preferencial que cubriría el 60% de los costes previstos de construcción; un contrato bidireccional por diferencia con una duración de 40 años para asegurar ingresos estables a las plantas; y un mecanismo de reparto de riesgos basado en una lista detallada de eventos cubiertos.
A examen la idoneidad y proporcionalidad de las ayudas
Los servicios de Competencia de la Comisión consideran que el proyecto es necesario, pero ven preciso estudiar con detalle "la idoneidad y proporcionalidad del paquete de ayudas" para verificar que no va más allá de lo "estrictamente necesario".
En particular, Bruselas cuestiona que el conjunto de medidas planteado alcance un equilibrio adecuado entre la reducción de riesgos para facilitar la inversión y el mantenimiento de incentivos suficientes para que EDF actúe de manera eficiente, evitando a la vez una asunción excesiva de riesgos por parte del Estado francés.
La Comisión también analizará el efecto de las ayudas sobre la competencia en el mercado energético y si dicho impacto se mantiene al mínimo posible, ya que teme que el esquema pueda consolidar o incluso reforzar de forma indirecta el poder de mercado de EDF.