La Comisión Europea ha puesto en marcha la actualización del marco que rige las ayudas públicas a entidades financieras con serios problemas de solvencia, en vigor desde 2013, con la intención de ajustarlo a las transformaciones recientes del sistema financiero de la UE.
La reforma incide en las fórmulas de actuación de los Estados ante estas situaciones, ya sea para frenar la quiebra de un banco, llevar a cabo su reestructuración o proceder a su liquidación, en coherencia con los cambios introducidos en la normativa europea de gestión de crisis bancarias.
Entre las modificaciones planteadas se incluye la simplificación del esquema actual, que dejará de estar disperso en seis comunicaciones diferentes para integrarse en un único documento, con el objetivo de que resulte más comprensible y sencillo de aplicar.
De acuerdo con la Comisión, la revisión pretende “garantizar un tratamiento coherente” de las ayudas públicas, al mismo tiempo que busca contener el impacto sobre los contribuyentes y preservar unas condiciones de competencia justas entre entidades dentro del mercado único.
Bruselas ha lanzado una consulta preliminar para recabar opiniones hasta el 14 de abril y tiene previsto presentar más adelante este año un proyecto de la nueva normativa para someterlo a consulta pública.