La Comisión Europea ha dado luz verde este miércoles a un nuevo marco temporal de ayudas públicas con el que los gobiernos de la UE podrán compensar el impacto económico de la crisis en Oriente Próximo, mediante subvenciones que podrán cubrir hasta el 70% de los sobrecostes energéticos y de materias primas en sectores como la agricultura, el transporte o la pesca.
Este instrumento, denominado Marco Temporal de Ayudas Estatales por la Crisis en Oriente Próximo, estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año y pretende ofrecer una respuesta rápida al encarecimiento de la electricidad, el gas y determinados insumos que, según detalla el Ejecutivo comunitario, está elevando los costes de producción y poniendo en riesgo la continuidad de numerosas actividades económicas.
Las medidas se dirigen sobre todo a los sectores más expuestos a estos incrementos, como la producción agrícola —especialmente afectada por el aumento del precio de los fertilizantes—, el transporte por carretera, ferrocarril y marítimo, y la pesca, donde, indica la Comisión, el alza de los costes operativos puede comprometer directamente la viabilidad de las empresas.
La aviación, en cambio, queda fuera de este esquema específico, ya que, según precisa el Ejecutivo comunitario, el impacto de la subida de precios no es equiparable al de otros sectores, en parte porque muchas aerolíneas disponen de coberturas de combustible a corto plazo.
Bruselas considera igualmente que el sector aéreo cuenta ya con herramientas propias para afrontar posibles alteraciones, como la opción de imponer obligaciones de servicio público en rutas consideradas esenciales para mantener la conectividad.
En la práctica, las ayudas permitirán a los Estados miembros compensar una parte de la subida de costes registrada desde el inicio de la crisis, calculada a partir de la diferencia entre los precios actuales y los niveles previos, y limitada a un porcentaje del consumo de cada empresa.
Además, la Comisión introduce una vía simplificada para acceder a las subvenciones, que permitirá a los países determinar los importes en función de criterios como el tamaño y la naturaleza de la actividad de las compañías, así como estimaciones generales del uso de combustible en el sector u otros indicadores, en lugar de exigir a cada beneficiario pruebas detalladas de su consumo real, con un tope de 50.000 euros por empresa.
A partir de esa cifra, sin embargo, Bruselas sí exigirá que las ayudas se basen en los costes efectivamente soportados, de forma que pueda demostrarse el incremento sufrido y garantizar que la compensación no excede el 70% de dicho aumento.
Más margen para la industria intensiva en energía
El nuevo marco incluye también modificaciones sobre las normas de ayudas ya vigentes para ofrecer un respaldo adicional a las industrias con alto consumo energético. En concreto, se eleva del 50% al 70% la intensidad máxima de ayuda para compensar los costes eléctricos en determinados sectores.
Estas ayudas podrán cubrir hasta el 50% del consumo eléctrico de las empresas beneficiarias, sin imponer compromisos adicionales de descarbonización mientras dure el instrumento, con el fin de aliviar la presión a corto plazo.
La normativa permitirá además, con carácter temporal, que algunas industrias electrointensivas acumulen este tipo de apoyos con las compensaciones por los costes indirectos derivados del régimen europeo de derechos de emisión, una combinación que hasta ahora se mantenía separada en los distintos esquemas de ayuda, según recuerda la Comisión.
Riesgos para la actividad y las cadenas de suministro
La iniciativa responde, según el análisis del Ejecutivo comunitario, a la escalada de los precios energéticos provocada por la inestabilidad en Oriente Próximo desde el pasado mes de febrero, que ha disparado el coste del petróleo, el gas y los fertilizantes y ha generado una elevada volatilidad en los mercados.
De acuerdo con sus estimaciones, los precios del gas han llegado a repuntar en torno a un 85% y los del petróleo más de un 50% en las primeras semanas de la crisis, con un impacto directo sobre la electricidad y sobre los sectores con mayor dependencia energética.
Este encarecimiento, unido a las disrupciones en las cadenas de suministro, está erosionando la rentabilidad de actividades muy intensivas en energía, como el transporte o la pesca, donde el gasto en carburante representa una parte muy relevante de los costes, según la Comisión.
En el transporte por carretera, por ejemplo, donde los márgenes suelen situarse entre el 2% y el 3%, el aumento del precio del diésel puede elevar los gastos operativos en más de un 7%, empujando a muchas compañías a entrar en pérdidas.
En el caso de la pesca, el precio del carburante ya ha superado el umbral de rentabilidad de buena parte de la flota europea, lo que podría desembocar en parones de actividad si se mantienen los niveles actuales.
Medidas temporales y aprobación acelerada
Las ayudas deberán notificarse a la Comisión para su autorización, en un procedimiento que puede prolongarse hasta dos meses desde la presentación de la información completa, aunque Bruselas confía en poder “agilizar” su evaluación, como en crisis anteriores, y dar el visto bueno en cuestión de semanas.
Una vez aprobados los regímenes, corresponderá a los Estados miembro ponerlos en marcha mediante programas nacionales, sin necesidad de una notificación individual por empresa, así como gestionar la selección de beneficiarios y el pago de las ayudas.
El marco contempla igualmente la posibilidad de conceder anticipos, con la obligación de comprobar posteriormente que se respetan las condiciones y, en su caso, reclamar los importes indebidamente abonados.
El Ejecutivo comunitario recalca que se trata de medidas de carácter temporal y complementarias a las reglas ordinarias sobre ayudas de Estado, al tiempo que insiste en que la transición energética sigue siendo la vía estructural para reducir la vulnerabilidad de la economía europea frente a crisis externas.