La Comisión Europea ha dado a conocer este miércoles su nuevo reglamento para apuntalar la base industrial del bloque y reforzar el 'Made in Europe'. La norma incorpora exigencias de producción europea en proyectos que reciban dinero público, fija nuevas condiciones para las grandes inversiones procedentes de terceros países e introduce medidas para agilizar la tramitación de proyectos, con la meta de aumentar el peso de la manufactura en la economía comunitaria y recortar la dependencia de potencias externas.
La denominada Ley de Aceleración Industrial se integra en la hoja de ruta de Bruselas para mejorar la competitividad frente a la presión internacional y la vulnerabilidad ante proveedores foráneos. El texto se centra en actividades consideradas estratégicas, como las industrias de alto consumo energético --acero, aluminio o cemento--, la cadena de valor del automóvil y tecnologías clave para la transición energética, entre ellas baterías, paneles solares o turbinas eólicas.
En este marco, el Ejecutivo comunitario se marca un “objetivo claro”: elevar el peso de la industria manufacturera hasta el 20% del PIB europeo en 2035, frente a alrededor del 14% actual. “Sin una base industrial fuerte no hay modelo social europeo, ni transición climática ni autonomía estratégica”, ha remarcado el vicepresidente de la Comisión responsable de la política industrial, Stéphane Séjourné.
El comisario francés ha avisado de que las compañías europeas se encuentran a menudo en una posición de desventaja frente a determinados competidores globales por las subvenciones y distorsiones de mercado, especialmente en ámbitos donde países como China concentran buena parte de la producción mundial. Por ello, defiende reforzar las capacidades productivas dentro de la Unión para asegurar la autonomía industrial del bloque.
Para avanzar en esa dirección, la propuesta recurre a herramientas como la contratación pública, los incentivos a la demanda y las subvenciones directas con el fin de favorecer los bienes industriales fabricados en Europa y con menores emisiones, sobre todo en proyectos costeados con fondos públicos. “El dinero del contribuyente debe beneficiar primero a la producción europea y a los empleos en Europa”, ha insistido Séjourné.
Entre las disposiciones concretas, Bruselas plantea que al menos el 25% del acero empleado en proyectos de construcción y automoción sufragados con recursos públicos sea bajo en carbono para 2029. En el caso del aluminio, ese mismo porcentaje deberá cumplir además criterios de producción europea, mientras que para el cemento se fija un umbral más bajo, del 5%.
En el sector del automóvil, el reglamento introduce también requisitos específicos para los vehículos eléctricos: al menos el 70% del valor de sus componentes --sin contar las baterías-- deberá tener origen en la Unión Europea y el montaje final deberá realizarse dentro del bloque.
El texto incorpora además criterios particulares para tecnologías ligadas a la transición energética, como baterías, energía solar, eólica, bombas de calor o electrolizadores. Según ha explicado Séjourné, en algunos casos el reglamento identificará incluso componentes críticos cuya fabricación tendrá que localizarse en Europa, como las celdas de batería o ciertos elementos de los paneles solares.
Requisitos para grandes inversiones extranjeras
El reglamento fija igualmente nuevas condiciones para las inversiones procedentes de terceros países en sectores considerados estratégicos para la industria europea. En concreto, los proyectos de más de 100 millones de euros originados en lugares que concentren más del 40% de la capacidad mundial de producción en estos campos deberán respetar determinados requisitos para poder establecerse en la UE.
Entre estas exigencias figuran compromisos en materia de creación de empleo en Europa, transferencia de tecnología y desarrollo de actividades de investigación e innovación en territorio comunitario. Además, se prevé que estas inversiones se integren en las cadenas de suministro industriales europeas y aporten valor añadido dentro del mercado único.
La primera verificación de estas condiciones recaerá en los Estados miembro, responsables de examinar las inversiones notificadas. No obstante, la Comisión se reserva la posibilidad de intervenir en casos concretos si estima necesario revisar la operación o comprobar el cumplimiento del reglamento.
Aceleración de permisos industriales
La iniciativa incorpora también medidas para simplificar los trámites administrativos imprescindibles para poner en marcha nuevos proyectos industriales, de forma que las empresas puedan cursar una única solicitud ante las autoridades nacionales para iniciar todo el procedimiento.
Dicha solicitud deberá presentarse por vía digital a través de puntos únicos de acceso que coordinen la gestión entre las distintas administraciones implicadas. Serán las autoridades competentes las que se encarguen de canalizar internamente el expediente y distribuir la documentación entre los organismos responsables de cada autorización.
Zonas de aceleración industrial
El reglamento prevé asimismo la creación de zonas de aceleración industrial que los Estados miembro podrán designar para facilitar la instalación de nuevas plantas manufactureras. Estas áreas permitirán adelantar tareas como la evaluación ambiental o la planificación de las infraestructuras necesarias para el desarrollo de proyectos industriales.
Según la Comisión, este enfoque contribuirá a acortar los plazos de tramitación y a facilitar la apertura de nuevas fábricas en enclaves donde ya se hayan analizado previamente las condiciones ambientales y técnicas. Con ello, subraya, se pretende atraer inversión, avanzar en la descarbonización del tejido industrial y reforzar la resiliencia de las cadenas de suministro europeas.