La Comisión Europea ha remitido este miércoles un dictamen motivado a España en el que le concede un plazo máximo de dos meses para poner en marcha una plataforma que actúe como punto único de acceso (ESAP, por sus siglas en inglés), es decir, una ventanilla única a la información pública financiera y sobre productos de inversión, antes de decidir si lleva el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
Junto con España, el Ejecutivo comunitario ha enviado la misma advertencia a Países Bajos, Portugal y Suecia, al considerar que ninguno de estos Estados ha incorporado de forma completa a su normativa interna la legislación que persigue centralizar la información pública de empresas y productos financieros en el conjunto de la UE.
El pasado 27 de marzo, Bruselas ya comunicó a estos países la apertura de un procedimiento de infracción por no haber adaptado a tiempo su ordenamiento nacional a la reforma comunitaria, cuyo plazo expiraba en enero de este 2026. Ante la ausencia de una respuesta satisfactoria y sin que se haya culminado la transposición, la Comisión endurece ahora su postura mediante este dictamen motivado.
La regulación se aprobó con el objetivo de garantizar un acceso sencillo y estructurado a la información para los participantes en el mercado, al entender que ello favorecerá la integración de los mercados de capitales de la UE y se alinea con los objetivos de la Unión de Ahorros e Inversiones, según ha detallado la Comisión en un comunicado.
“Esto facilitará la financiación de las empresas de la UE, impulsando así el crecimiento y la creación de empleo en su territorio”, ha proseguido en su explicación el Ejecutivo comunitario.
España y el resto de Estados implicados cuentan ahora con dos meses para contestar y completar la transposición a sus respectivos marcos jurídicos nacionales y, si no lo hacen en ese periodo, la Comisión podría decidir elevar los casos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).