La Comisión Europea ha dado este miércoles su aprobación definitiva a la última adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, sufragado con los fondos europeos 'Next Generation EU'. Esta modificación persigue agilizar y simplificar el uso de estos recursos antes de que expire el mecanismo, previsto para finales de 2026.
Mediante esta adenda, el Ejecutivo ha revisado 160 medidas con el fin de facilitar el despliegue completo del Plan antes de que concluya 2026 y ha rebajado hasta 22.800 millones de euros el volumen de préstamos que España solicitará finalmente, algo más de una cuarta parte de los créditos inicialmente asignados.
Para el Ministerio de Economía, este “sí” de la Comisión Europea respalda la evolución del Plan de Recuperación y marca el arranque de la fase final de ejecución de los fondos europeos, teniendo en cuenta que el 31 de agosto de 2026 es la fecha límite para realizar inversiones y que el 31 de diciembre de 2026 expira el plazo máximo para certificar el gasto.
“Gracias a la simplificación del Plan, el Gobierno de España ejecutará el tramo final de los fondos europeos y ultimará las inversiones que garantizan la modernización de la industria, el sector tecnológico y los servicios públicos”, ha resaltado el Departamento que encabeza Carlos Cuerpo.
Noticia destacada
Cuerpo confía en una valoración “positiva” de Bruselas sobre la adenda del Plan de Recuperación
4 minutos
Se suprimen 17 reformas con rango de ley
Aunque se mantiene el nivel de ambición del Plan, el Gobierno ha revisado 160 actuaciones para actualizarlas, con la meta de simplificar procedimientos y reducir cargas administrativas.
Dentro de este paquete, se eliminan 17 reformas con rango de ley. De ellas, 12 no guardan relación directa con las recomendaciones específicas dirigidas a España ni con los desafíos estructurales señalados por la Comisión Europea y por el propio Ejecutivo.
Entre los ejemplos figura la ley de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que se desvincula de los fondos europeos tras permanecer un año bloqueada en las Cortes.
Las cinco reformas restantes se reemplazan por otras de “similar ámbito y ambición”, ya que se encuadran en áreas consideradas prioritarias por Bruselas, como la vivienda o la sanidad.
En el ámbito de la vivienda, se modifica el hito relativo a la aprobación de la ley del suelo para que deje de condicionarse a la recepción de fondos europeos y se valoren otros avances, como la puesta en marcha de la empresa pública del suelo.
En sanidad, la ley de cohesión, equidad y universalidad del Sistema Sanitario Nacional se sustituirá por la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, la designación y renovación de centros, servicios y unidades de referencia, así como por la reorganización de la atención que no gestionan dichos centros.
Otro caso es el de la ley de estatuto marco que regula el personal sanitario y refuerza la atención especializada, que se reemplazará por medidas específicas para ordenar los puestos de difícil cobertura, las jornadas de trabajo, las guardias y las retribuciones del personal.
Por su parte, la ley de diversidad familiar se cambia por el real decreto-ley de ampliación del permiso de paternidad. En el terreno de la inclusión y la protección social, la reordenación del sistema de prestaciones económicas no contributivas será sustituida por la reforma del real decreto que regula el incentivo al empleo en el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Se mantiene la subida del impuesto al diésel
En sentido contrario, entre las reformas con rango de ley que siguen integradas en el Plan figuran la ley de movilidad sostenible, la ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario, los estatutos del nuevo organismo público de evaluación, la ley de transparencia e integridad en actividades de grupos de interés, la modificación de la Ley del Mercado de Valores y varios cambios en materia de beneficios fiscales.
Asimismo, uno de los hitos que continúa formando parte del Plan de Recuperación, pese a las dificultades para sacarlo adelante en el Congreso, es el incremento de la fiscalidad sobre el diésel, una medida que debería quedar aprobada antes de que finalice enero.
Menos deuda y refuerzo del ICO con 13.000 millones
La adenda también refuerza las prioridades estratégicas mediante nuevas inversiones, como una aportación de 300 millones de euros a los programas europeos de supercomputación o 2.500 millones adicionales para proyectos ligados a la descarbonización y a la transición energética.
Al mismo tiempo, el Gobierno ha decidido recortar la previsión de endeudamiento hasta un total de 22.800 millones de euros, en torno al 25% de los 83.000 millones que se asignaron a España en un primer momento.
Según el Ejecutivo, la solidez de la economía española permite acudir directamente a los mercados en condiciones favorables, reduciendo la necesidad de recurrir a los préstamos europeos, cuya ventaja financiera es limitada. “De este modo, ahorramos a España 60.000 millones de euros en deuda pública adicional”, ha remarcado el Ministerio de Economía.
Otra medida incluida en la adenda es la inyección de capital de 13.000 millones de euros en el Instituto de Crédito Oficial (ICO), con el objetivo de reforzar su capacidad para canalizar financiación hacia inversiones estratégicas ligadas al Plan.