El Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin) confirmó este lunes su aprobación final a la última adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, lo que permitirá al país seguir recibiendo los fondos europeos pendientes del programa “Next Generation” y, entre otros aspectos, rebajar hasta unos 22.800 millones de euros el volumen de préstamos que finalmente pedirá, muy por debajo de los créditos que se le habían asignado en un inicio.
En una rueda de prensa posterior al encuentro celebrado este martes en Bruselas, el ministro de Finanzas de Chipre y presidente de turno del Ecofin, Mákis Keravnós, anunció que el Consejo ha dado luz verde a “modificaciones específicas” en los planes de España, Bélgica, Alemania, Irlanda, Países Bajos y Suecia con el fin de agilizar su ejecución, remarcando que estos cambios “no afectan a la ambición inicial” de los planes y son “en gran medida, de carácter técnico”.
La decisión de los ministros de Finanzas supone el segundo paso en la revisión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, después del análisis realizado por la Comisión Europea a finales del año pasado, y facilita la puesta en marcha de los ajustes técnicos diseñados para simplificar el tramo final del despliegue de los fondos antes de que termine el ejercicio.
Sobre este calendario, el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, ha urgido a todos los Estados miembro implicados a respetar los plazos, reclamando que sean “críticos y realistas” al definir qué proyectos pueden completarse a tiempo.
En el caso español, la adenda al Plan de Recuperación incluye la revisión de 160 medidas con el objetivo de facilitar la ejecución de los recursos dentro de los plazos del mecanismo, que marcan el 31 de agosto como fecha tope para materializar inversiones y el 31 de diciembre de este año como límite para certificar los gastos.
Entre los ajustes más significativos se encuentra la reducción a unos 22.800 millones de euros de los préstamos que España prevé solicitar, lo que implica un recorte del 72,5% respecto a los créditos inicialmente asignados, en coherencia con la estrategia del Ejecutivo de priorizar las subvenciones frente al endeudamiento europeo.
Se suprimen 17 reformas con rango de ley
La actualización preserva la ambición general del Plan, pero introduce cambios orientados a aliviar la carga burocrática. En este marco, se eliminan 17 reformas con rango de ley, de las que 12 no guardaban una vinculación directa con recomendaciones específicas de la Comisión ni con desafíos estructurales detectados, mientras que las otras cinco se reemplazan por medidas de alcance y ambición similares en áreas clave como la vivienda o la sanidad.
Así, por ejemplo, el hito relativo a la aprobación de la ley del suelo deja de estar asociado a los fondos europeos, mientras que en el ámbito sanitario se sustituyen reformas legislativas por actuaciones concretas como la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública o la reorganización de determinados servicios. En otros campos, como la inclusión social, se cambian reformas inicialmente previstas por ajustes normativos ligados al Ingreso Mínimo Vital.
Se mantiene el aumento de la fiscalidad del diésel
Pese a estos retoques, el Plan conserva algunos compromisos esenciales, entre ellos el incremento de la fiscalidad del diésel, que continúa integrado en los hitos pendientes, junto con otras reformas estructurales como la ley de movilidad sostenible o la normativa para prevenir el desperdicio alimentario.
La adenda refuerza asimismo varias prioridades estratégicas mediante nuevas inversiones, incluyendo aportaciones a programas europeos de supercomputación y a proyectos relacionados con la transición energética, y prevé una inyección de capital de 13.000 millones de euros en el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para apuntalar la financiación de la economía.