La Comisión Europea ha dado a conocer este miércoles su propuesta de nueva Ley de Redes Digitales (DNA, por sus siglas en inglés), con la que aspira a reforzar la inversión y la innovación en el sector, impulsar los servicios transfronterizos y ampliar las infraestructuras de conectividad. No obstante, en esta reforma ha decidido dejar fuera la creación de una tasa para que gigantes del contenido en línea como Google, Netflix o Amazon abonasen un peaje a las operadoras por el uso de sus redes.
Esta opción se planteó en la anterior legislatura a raíz de las peticiones de los grandes operadores de telecomunicaciones europeos, que reclamaban que las multinacionales tecnológicas asumieran una parte de los costes de las infraestructuras imprescindibles para ofrecer sus servicios, al considerar que también se beneficiaban de ellas.
Pese a ello, la medida, muy contestada por Estados Unidos al entender que afectaría sobre todo a sus compañías, ha quedado fuera del paquete legislativo presentado por Bruselas. En su lugar, los servicios comunitarios proponen un “mecanismo voluntario de cooperación” entre los proveedores de conectividad y otros actores, como los proveedores de aplicaciones de contenidos y de servicios en la nube.
En paralelo, la Comisión impulsa una iniciativa legislativa para “modernizar, simplificar y armonizar las normas de la UE sobre redes de conectividad”, con el objetivo de avanzar hacia un auténtico mercado único de la conectividad y fomentar alianzas empresariales y un mayor volumen de inversiones.
“La innovación europea comienza con una Europa verdaderamente conectada. Una infraestructura digital resiliente de alto rendimiento es esencial para reforzar el liderazgo de Europa en innovación, competitividad y soberanía digital”, ha señalado durante la presentación de la propuesta en Estrasburgo (Francia) la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen.
Entre los elementos centrales del texto comunitario —que aún deberán negociar y perfilar el Consejo (gobiernos) y el Parlamento Europeo— figura la exigencia de que, como muy tarde en 2029, los Estados miembros aprueben planes nacionales de transición obligatorios para garantizar la retirada progresiva de las redes de cobre y el paso a redes avanzadas en el periodo 2030-2035.
Con el fin de consolidar un mercado único de conectividad, la propuesta plantea que las compañías puedan ofrecer servicios en toda la Unión Europea tras registrarse en un solo Estado miembro, evitando así la carga de trámites administrativos y marcos normativos distintos en cada país del bloque.
El planteamiento incluye también el impulso a servicios paneuropeos de comunicación por satélite mediante un marco de autorización del espectro a escala comunitaria, en lugar de limitarlo al ámbito nacional. Asimismo, se busca reforzar la “coherencia normativa” en la concesión de licencias de espectro, permitiendo a los operadores autorizaciones más amplias y con periodos de validez más prolongados.
Bruselas propone además asegurar el aprovechamiento de todo el espectro disponible, extendiendo las fórmulas de uso compartido del espectro entre operadores, e incorporar un mecanismo de cooperación voluntaria entre los proveedores de conectividad y otros agentes, como los proveedores de aplicaciones de contenidos y de servicios en la nube.
En lo relativo a los principios de neutralidad de la red, la iniciativa comunitaria introduce un mecanismo para aclarar las reglas de Internet abierta aplicables a los servicios innovadores, con el fin de aportar mayor seguridad jurídica. También prevé un mecanismo voluntario de cooperación ecosistémica en ámbitos como la interconexión, la eficiencia del tráfico y otros campos emergentes.