La Comisión Europea ha reclamado este martes a los países de la UE que disminuyan la demanda de energía, en especial de los productos petrolíferos, y ha alertado de que el efecto del conflicto en Oriente Próximo sobre los mercados energéticos será prolongado, sin perspectivas de recuperar la normalidad en el corto plazo, pese a que por el momento no se han detectado problemas inmediatos de suministro en la Unión.
“Aunque la paz llegara mañana, no volveríamos a la normalidad en un futuro previsible”, ha señalado el comisario de Energía, Dan Jorgensen, en rueda de prensa tras la reunión informal de ministros del ramo, al subrayar que, incluso en ese escenario, “seguiría habiendo consecuencias”, ya que la infraestructura energética en la región “ha sido dañada por la guerra y continúa deteriorándose”.
En la misma línea, ha recalcado que “no debemos engañarnos pensando que las consecuencias de esta crisis serán de corta duración”, y ha reiterado la conveniencia de actuar “con unidad” y “en estrecha coordinación” para prevenir “respuestas nacionales fragmentadas” que agraven aún más las distorsiones del mercado.
En este marco, el comisario ha avanzado que Bruselas dará a conocer “bastante pronto” un paquete de propuestas destinado a proteger a hogares y empresas, aunque sin precisar fechas concretas. “Estamos siguiendo la situación muy de cerca, que seguirá siendo muy dinámica y que, por tanto, seremos flexibles y estaremos preparados para proponer medidas cuando sea necesario”, ha añadido.
Según ha explicado, desde el estallido del conflicto las cotizaciones del gas se han incrementado alrededor de un 70% y las del petróleo un 60%, lo que ha disparado en unos 14.000 millones de euros la factura de importación de combustibles fósiles de la UE en apenas un mes.
Aunque los ministros coinciden en que la seguridad de suministro continúa “relativamente protegida” gracias a la diversificación de proveedores y a la menor exposición al Golfo, el comisario ha avisado de que persisten “tensiones en determinados mercados de productos”, especialmente en el diésel y el combustible de aviación, así como “crecientes restricciones en los mercados globales de gas” que se están trasladando a los precios de la electricidad.
Ante este panorama, Jorgensen ha reiterado que es “extremadamente importante” mantener la unidad y evitar decisiones descoordinadas, al tiempo que ha defendido que las medidas que adopten los Estados miembros deben ser “específicas” y “temporales” y no empeorar el equilibrio entre oferta y demanda.
Teletrabajo, menor velocidad y otras fórmulas de ahorro
Asimismo, ha instado a los gobiernos a “hacer todo lo que puedan” para reducir el consumo energético, en particular de derivados del petróleo, y ha sugerido tomar como referencia el plan de diez puntos de la Agencia Internacional de la Energía, que recoge iniciativas como impulsar el teletrabajo, rebajar los límites de velocidad en carretera o reforzar el uso del transporte público.
Entre otras medidas, el documento contempla la restricción alterna del coche privado en las grandes urbes, el fomento del coche compartido y la extensión de técnicas de conducción eficiente, tanto para flotas comerciales como para el transporte de mercancías.
“Está claro que no se trata de un paquete único aplicable a todos por igual, en el que se espere que todos los Estados miembro implementen todas estas herramientas de reducción de la demanda, pero sí constituye un instrumento muy útil, y recomendamos firmemente que cada país evalúe qué opciones tiene a su disposición” ha añadido.
En paralelo, el comisario ha remarcado que la Comisión ya trabaja en coordinar el llenado de los almacenamientos de gas y en reforzar la seguridad del suministro de petróleo, con el objetivo de adelantarse a posibles tensiones adicionales en los mercados y asegurar que la UE llegue preparada a los próximos meses.
“Más vale estar preparados que lamentarlo después”, ha advertido el político danés, que ha indicado también que Bruselas prepara un conjunto de herramientas más amplio que incluirá, entre otros elementos, medidas para facilitar el uso de instrumentos como los contratos por diferencia o los acuerdos de compra de energía, con el objetivo de desacoplar los precios del gas de los de la electricidad y reducir el impacto sobre los consumidores.