La Comisión Europea ha puesto en marcha este miércoles una consulta pública para revisar las normas de capital que se exigen a las entidades financieras por sus operaciones en los mercados, con la intención de ajustar la regulación al riesgo efectivo de estas actividades y evitar que la banca europea quede en desventaja frente a sus rivales globales.
Esta iniciativa se integra en la Revisión Fundamental de la Cartera de Negociación (FRTB, por sus siglas en inglés), incluida en los acuerdos de Basilea III, el marco internacional que determina el capital mínimo que deben mantener los bancos para asegurar su solidez, y que incorpora métodos más detallados para medir el riesgo de las actividades de negociación.
Aunque la mayor parte de las disposiciones de Basilea III se aplican ya en la Unión Europea desde enero de 2025, este componente específico sigue pendiente y se prevé que empiece a aplicarse en enero de 2027.
El texto preliminar difundido por Bruselas introduce ajustes limitados para moderar el efecto que estas nuevas exigencias podrían tener sobre los niveles de capital de las entidades, especialmente en sus actividades de “trading”.
En particular, la propuesta contempla medidas transitorias durante un periodo de tres años con el fin de impedir que los bancos europeos se vean perjudicados respecto a entidades de jurisdicciones donde estas reglas se despliegan de manera distinta o más paulatina.
La Comisión recalca que su prioridad es asegurar unas condiciones de competencia equilibradas a escala internacional, en coherencia con su hoja de ruta para fortalecer la unión de los mercados de capitales y canalizar mejor el ahorro y la inversión dentro de la UE.
La consulta pública lanzada ahora por el Ejecutivo comunitario no pretende diseñar un marco nuevo desde cero, sino recabar observaciones sobre un borrador ya muy avanzado que se somete a comentarios en la fase final del proceso regulatorio, en la que aún pueden introducirse retoques, aunque no se prevén modificaciones de calado.
Una vez concluido este periodo de consulta, la Comisión tiene previsto aprobar formalmente las nuevas disposiciones en las semanas posteriores, en torno al 19 de mayo, tras lo cual se activará el procedimiento ordinario de control por parte del Parlamento Europeo y del Consejo, con el objetivo de que el paquete normativo pueda entrar en vigor en 2027.