El comisario europeo de Vivienda, Dan Jorgensen, ha reiterado este lunes que el futuro paquete normativo sobre alquileres de corta duración —que la Comisión tiene previsto presentar a lo largo de este año dentro de una Ley de Vivienda Asequible— se centrará en acotar las “zonas tensionadas” y en facilitar a las administraciones una “caja de herramientas” con la que contener los efectos negativos, sin llegar a una prohibición generalizada en toda la Unión Europea.
Durante el primer intercambio de puntos de vista del año con los eurodiputados de la comisión especial de Vivienda del Parlamento Europeo, Jorgensen ha recalcado que la iniciativa comunitaria no marcará a ciudades y regiones lo que “tienen que hacer esto o aquello”, sino que establecerá parámetros comunes para determinar qué es una zona tensionada y ofrecerá instrumentos con “seguridad jurídica” para frenar el desplazamiento de los residentes.
Entre las medidas que el comisario ha puesto sobre la mesa se incluyen límites al número de noches que una vivienda puede alquilarse al año, restricciones ligadas a la temporada —por ejemplo, permitir su uso turístico en verano y dedicar esos inmuebles a alojamiento estudiantil el resto del año— o la diferenciación entre anfitriones profesionales y no profesionales. Esta última distinción, ha advertido, es esencial para abordar la “profesionalización” del sector, que en numerosos lugares se traduce en la compra de edificios completos y en la expulsión de la población local.
Jorgensen ha incidido además en que la especulación y el uso de la vivienda como mero activo financiero explican parte de la presión sobre el mercado residencial, y ha avisado de que, mientras sea rentable mantener pisos desocupados, “los especuladores lo harán”.
Al mismo tiempo, el comisario ha admitido que hoy por hoy persisten importantes carencias de datos y falta de transparencia que impiden dimensionar con precisión la magnitud de la especulación en Europa. “Tengo que reconocer que todavía no tenemos la visión general necesaria para demostrarlo”, ha reconocido, defendiendo la necesidad de disponer de una base empírica robusta antes de plantear nuevas iniciativas regulatorias.
Entre las posibles respuestas, ha señalado la fiscalidad como una de las herramientas para desincentivar estas prácticas, si bien ha puntualizado que se trata de un ámbito en el que las decisiones recaen principalmente en los Estados miembro.
El responsable comunitario ha insistido en que no resulta realista imponer una única solución para toda la Unión, dado que las situaciones nacionales y locales difieren de forma notable, y ha advertido de que fijar definiciones uniformes desde Bruselas podría ofrecer una imagen “engañosa” del problema. “Sería ir demasiado lejos decidir desde aquí una solución que valga para todos los países”, ha subrayado.
En esta línea, ha recordado que alrededor del 20% del parque de viviendas de la UE permanece vacío, un fenómeno que considera “especialmente preocupante” en plena crisis de acceso a la vivienda, y ha reiterado que la Comisión se limitará a proporcionar un marco común y herramientas para que cada Estado miembro determine cómo intervenir.