La Comisión Europea ha indicado que son las autoridades y los tribunales españoles quienes deben estudiar el expediente relativo al clúster eólico del Maestrazgo (Teruel), después de que una iniciativa ciudadana presentada ante la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo haya denunciado posibles vulneraciones de la normativa comunitaria durante su tramitación.
El peticionario, que actúa en nombre de la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel, sostiene que este paquete de proyectos de energías renovables se ha sometido a un único estudio de impacto ambiental, pese a que agrupa decenas de instalaciones de gran envergadura, algunas situadas en espacios protegidos, lo que, a su entender, contraviene la legislación europea.
Además, reprocha la ausencia de una planificación previa y que parte de los análisis ambientales se hayan pospuesto a fases posteriores del desarrollo, ya que, según argumentan, esta forma de proceder “vicia el procedimiento” e impide una evaluación exhaustiva de las repercusiones sobre el territorio.
En su contestación, el Ejecutivo comunitario ha señalado que el marco jurídico europeo contempla la posibilidad de estudiar varios proyectos mediante un único informe de impacto ambiental, siempre que se examinen de forma adecuada todas las consecuencias sobre el medio ambiente, incluidos los efectos acumulativos.
De este modo, ha explicado que este enfoque conjunto puede incluso contribuir a una mejor valoración de los impactos cuando se trata de iniciativas relacionadas entre sí, si bien ha evitado entrar a valorar el caso concreto debatido en la comisión parlamentaria.
Bruselas ha insistido en que no es su función decidir si los estudios efectuados se ajustan o no a las exigencias de la normativa europea, remarcando que estas controversias deben dirimirse mediante los cauces administrativos y judiciales de cada Estado miembro.
Reacciones de los eurodiputados y petición abierta
Durante el turno de intervención de los grupos, el eurodiputado ‘popular’ Borja Giménez Larraz ha cuestionado la tramitación de estos proyectos y ha defendido que deben impulsarse con “la ley y la absoluta transparencia”, alertando de una posible “vulneración de directivas europeas” y reclamando que la financiación europea quede supeditada al respeto de la normativa.
El eurodiputado de Compromís, Vicent Marzà, ha denunciado igualmente lo que considera que “no es un caso aislado”, sino “un incumplimiento sistemático”, y ha censurado tanto la escasa participación de las comunidades afectadas como que “se eluden las garantías ambientales”, al tiempo que ha exigido una actitud más firme por parte del Ejecutivo comunitario.
La socialista Sandra Gómez ha admitido las inquietudes manifestadas por los peticionarios, aunque ha recalcado que son las autoridades nacionales las que deben asegurar la correcta aplicación del Derecho de la Unión y ha respaldado el despliegue de las energías renovables “respetando siempre la legislación ambiental europea”.
Desde Vox, el eurodiputado Jorge Buxadé ha cargado contra la tramitación de estos proyectos y ha afirmado que “las autoridades nacionales eluden su responsabilidad”, reclamando que se autoricen con “evaluaciones de impacto independientes” y solicitando mantener viva la petición.
Concluido el debate, la comisión de Peticiones ha decidido no cerrar el expediente y mantenerlo abierto, a la espera de recibir nueva información por parte de la Comisión Europea.