La Comisión Europea ha reiterado que carece de competencias para actuar en los casos de impago de alquiler y en la ejecución de desahucios en España, al tratarse de una materia de Derecho nacional. No obstante, ha llamado a “buscar un equilibrio” entre propietarios e inquilinos, en respuesta a varias peticiones analizadas este martes en la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.
“La situación de los propietarios de vivienda sigue siendo competencia de los Estados miembro”, ha subrayado el Ejecutivo comunitario, que ha recordado que tanto la normativa sobre arrendamientos como las decisiones relativas a desahucios o contratos dependen de las autoridades de cada Estado de la UE.
En esta línea, ha puntualizado que son los propios países quienes deben investigar estos casos, asegurar la protección de los propietarios y, cuando proceda, adoptar medidas a través de sus respectivos sistemas judiciales.
Aun así, Bruselas ha mostrado comprensión hacia la situación de los afectados y ha señalado que, en el marco del Plan Europeo de Vivienda Asequible presentado recientemente, trabajará en la identificación de “modelos y buenas prácticas” con el fin de reforzar la protección de los propietarios y equilibrar sus derechos con los de los inquilinos.
Las reclamaciones han sido formuladas por la Plataforma de Afectados por la Ocupación en España, que ha criticado la prolongación de las medidas aprobadas durante la pandemia para suspender desahucios, al entender que generan “inseguridad jurídica” y desplazan el peso de la protección social hacia los pequeños propietarios.
En este contexto, la plataforma ha advertido de una caída en la oferta de vivienda en alquiler y ha denunciado el presunto impacto económico sobre las familias afectadas que, según sostienen, en determinados casos se ven obligadas a seguir afrontando gastos mientras no pueden recuperar el uso de sus inmuebles.
División política sobre la dimensión del conflicto
En el turno de palabra de los grupos, la eurodiputada ‘popular’ Dolors Montserrat ha denunciado una vulneración del derecho a la propiedad y ha exigido medidas que aseguren desalojos “rápidos y eficaces”, además de solicitar el envío de una misión del Parlamento Europeo para analizar sobre el terreno la situación en España.
En nombre del grupo socialista, la eurodiputada Sandra Gómez ha admitido la complejidad de los casos planteados, aunque ha situado el problema dentro de un escenario más amplio de escasez de vivienda asequible y ha defendido la necesidad de impulsar soluciones “estructurales” desde el ámbito nacional.
Desde Vox, el europarlamentario Jorge Buxadé ha censurado la falta de protección a los propietarios y ha reclamado un endurecimiento de las penas contra la ocupación, al considerar que constituye una “vulneración” del derecho a la propiedad.
Tras el intercambio de posiciones, la comisión de Peticiones ha decidido mantener vivas las peticiones y requerir información adicional a la Comisión Europea, además de remitir una carta al Gobierno de España para recabar más detalles sobre la situación descrita.