La Comisión Europea ha difundido este lunes un informe sobre la ejecución de su Plan de Acción para la Economía Social, en el que reconoce avances desde 2021, aunque insiste en que es imprescindible poner en marcha nuevas actuaciones para consolidar y ampliar este modelo en el conjunto de la UE.
El documento subraya, entre otros aspectos, que en los últimos años 21 Estados miembro han aprobado o están elaborando estrategias nacionales o regionales en este campo, mientras que 12 países han procedido a actualizar o modificar su marco legislativo.
Al mismo tiempo, Bruselas pone el foco en el respaldo financiero ya movilizado, que suma más de 1.620 millones de euros procedentes de fondos europeos y 1.200 millones en garantías canalizadas a través del instrumento “InvestEU” para el periodo 2021-2027, con el objetivo de apuntalar el crecimiento del sector.
Mirando a los próximos años, el Ejecutivo comunitario fija varias líneas de trabajo prioritarias: aclarar las reglas sobre ayudas de Estado, facilitar el acceso a la inversión privada, mejorar la disponibilidad y calidad de los datos y reforzar los mecanismos de apoyo a escala regional y local.
“A medida que Europa se enfrenta a retos geopolíticos, transformación industrial y crecientes presiones sociales, la economía social se está convirtiendo cada vez más en un motor de resiliencia, inclusión y competitividad”, ha señalado la vicepresidenta para Derechos Sociales y Capacidades de la Comisión Europea, Roxana Minzatu.
La responsable comunitaria ha recordado que más de 4,3 millones de organizaciones en la UE generan 11,5 millones de empleos y llevan a cabo actividades ligadas a objetivos sociales y medioambientales, como el acceso a vivienda asequible o la prestación de cuidados.
Además, un Eurobarómetro publicado en octubre del año pasado muestra que la mitad de los ciudadanos europeos ha colaborado con este tipo de entidades en los últimos cinco años y que el 75% considera que desempeñan un papel importante para la sociedad.
Pese a estos avances, la Comisión alerta de que estas organizaciones continúan afrontando importantes barreras, en particular para acceder a financiación y a los mercados, lo que frena su capacidad de expansión y consolidación.