La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) ha alertado de “la excesiva carga burocrática” que soportan pymes y microempresas, consolidada como uno de los desafíos centrales al inicio de 2026, junto con el encarecimiento de los costes laborales para las compañías de menor tamaño.
Desde Cepyme ponen el foco en la “asfixia normativa” y en el aumento de trámites, que se refleja en las 3,8 normas nuevas que, de media, entran en vigor cada día en España. Así lo recoge su informe “Situación de la pyme española en 2026: retos y oportunidades”, donde se detalla que, mientras el 25% de las empresas europeas considera este asunto “un problema grave”, en España la proporción se eleva hasta el 60%.
La patronal reclama “pensar en pequeño” a la hora de legislar y exige un marco regulatorio “adaptado a la pequeña empresa”, que tenga en cuenta la “heterogenenidad” del tejido productivo y la “complicada” coyuntura de la pyme, cuyos costes laborales “crecen muy por encima” de la inflación. Su presidenta, Ángela de Miguel, subraya que la microempresa “no tiene capacidad” para absorber estos costes operativos adicionales.
De Miguel también remarca que, ante “la presión fiscal y el aumento de costes”, no resulta realista exigir “más empleo e inversión” a compañías que disponen de “cada vez menos margen de beneficio” y se enfrentan a mayores trabas para acceder a financiación y, en consecuencia, para crecer. Por ello, reclama la puesta en marcha de políticas “para corregir esta desigualdad estructural”.
A estos obstáculos se suman “los problemas para encontrar trabajadores en algunas actividades”, con más de 150.000 vacantes sin cubrir en España, la mayoría en pequeñas empresas, así como “el elevado nivel de absentismo laboral”, el más alto de la Unión Europea (4,5%), que, según los cálculos de Cepyme, generó un coste cercano a 33.000 millones de euros entre empresas y administraciones al cierre de 2025.
La organización incide en que el absentismo tiene un efecto especialmente intenso en pymes y microempresas: aunque la tasa pueda ser algo menor, el impacto económico es proporcionalmente superior. Por ello, reclama “una mejor regulación de permisos indefinidos” de incapacidad temporal y de contingencias comunes.
Además, Cepyme advierte de que determinadas medidas que implican nuevos aumentos de costes y una mayor injerencia en la gestión empresarial —como el control horario o la factura electrónica—, lejos de convertirse en un motor de modernización, no contribuyen a mejorar el entorno en el que operan las compañías ni a estimular la inversión y el desarrollo empresarial.
Según la Confederación, este escenario se traduce en una menor creación de empleo y en la desaparición de pequeñas y medianas empresas. Un tercio de ellas ya se encuentra “en pérdidas”, pese al contexto de crecimiento económico. En este marco, Cepyme insiste en que no reclama “ayudas puntuales”, sino la configuración de “un entorno que permita a las pymes sobrevivir, crecer y crear empleo”.