El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha lanzado un mensaje firme a las grandes plataformas digitales después de confirmarse que Airbnb deberá hacer frente a una sanción histórica de 64 millones de euros: “Ninguna empresa está por encima de la ley ni de los consumidores”.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado la petición de medidas cautelares formulada por la compañía y mantiene la multa fijada por el Gobierno el pasado mes de diciembre por publicitar más de 65.000 viviendas sin licencia de uso turístico o con números de registro falsos.
Bustinduy ha recalcado que esta resolución judicial consolida el principio de que “ninguna empresa, por poderosa que sea, está por encima de la ley ni de los derechos de los consumidores”. El importe de la sanción se corresponde con seis veces el beneficio ilícito que, según el Ejecutivo, habría obtenido la plataforma.
El ministro ha reivindicado la dureza de la multa a Airbnb como un punto de inflexión frente a la “inacción” que, en su opinión, venía manteniendo la derecha en administraciones como la de Madrid bajo el mandato de José Luis Martínez-Almeida, al que acusa de “jactarse de no hacer nada” ante la existencia de 15.000 pisos turísticos ilegales en la ciudad.
Según ha destacado, pese a quienes consideraban “imposible” intervenir en este sector, su departamento ha culminado un expediente sin precedentes partiendo de la idea de que los alojamientos sin licencia suponen una “lesión directa” del derecho constitucional a la vivienda, y ha remarcado que en España la ley debe cumplirse y los derechos de los consumidores situarse por encima de cualquier interés empresarial.
“Paso a paso se puede avanzar y se pueden defender los intereses de la gente común, trabajadora, de la ciudadanía frente a los intereses y la especulación de un puñado de grandes operadores que se están forrando con la crisis de vivienda”, asegura el ministro.
Bustinduy ha enmarcado la sanción a Airbnb dentro de una estrategia más amplia de protección a las familias y de control de los márgenes de beneficio de las grandes operadoras.
En este contexto, ha defendido el nuevo decreto ley que prevé prorrogar durante dos años los contratos de alquiler que finalicen en 2026, con el objetivo de aportar estabilidad a más de dos millones de personas frente a las “dinámicas especulativas” del mercado del alquiler.
Además, el titular de Consumo ha avisado a las compañías de los sectores energético y de la distribución de que el Ejecutivo no consentirá que incrementen sus ganancias aprovechando la crisis generada por los conflictos internacionales.
La CNMC vigilará los márgenes de la gasolina
En esta línea, ha precisado que la CNMC controlará semanalmente los márgenes de beneficio para poder intervenir los precios si fuera preciso, garantizando que el esfuerzo fiscal que realizan los ciudadanos revierta íntegramente en las familias y en el tejido productivo español.
“Cualquier operador económico que intente o pretenda lucrarse con la crisis que estamos viviendo derivada de la guerra ilegal en Ucrania que han apoyado la derecha y la ultraderecha española lo va a pagar”, concluyó.