El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha advertido este viernes de que el Gobierno intervendrá “con toda contundencia” si se demuestran “prácticas engañosas” en anuncios publicados en grandes portales inmobiliarios que estarían ofreciendo viviendas en alquiler por encima de los límites legales en zonas tensionadas.
Bustinduy ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa posterior a conocerse que el Ministerio de Consumo ha puesto en marcha una investigación dirigida a localizar, perseguir y retirar los anuncios de pisos en alquiler situados en áreas declaradas tensionadas que se estarían publicitando con precios superiores a los establecidos por la normativa para grandes tenedores. También se revisarán los anuncios de particulares que no indiquen el precio del último contrato de alquiler de esa misma vivienda, tal y como exige la ley.
Desde el departamento que encabeza Pablo Bustinduy señalan que este tipo de conductas podrían constituir infracciones de la legislación de consumo, al encajar como “prácticas desleales por engañosa” y, en consecuencia, ser objeto de importantes sanciones.
“Vamos a hacer valer los derechos de la ciudadanía y consumidores sobre cualquier tipo de fraude, y si podemos probar prácticas engañosas, el Ministerio actuará con toda contundencia. Es lo que hicimos con las aerolíneas low cost, las grandes operadoras de juego online, los expedientes que están en curso por presuntas practicas abusivas de grandes inmobiliarias en el país y grandes plataformas de pisos turísticos”, ha recordado el ministro, aludiendo a actuaciones previas de Consumo.
El titular de Consumo ha subrayado que quien intente “lucrarse” esquivando la ley y perjudicando a consumidores y ciudadanía “lo va a pagar caro”, insistiendo en que ninguna compañía “está por encima de la ley”.
En relación con las posibles sanciones, Bustinduy ha detallado que, dentro del ámbito competencial de Consumo, el primer objetivo es lograr la retirada de los anuncios irregulares de los grandes portales. No obstante, si estos no fueran eliminados, el Ministerio podría “eventualmente” imponer sanciones de distinta intensidad, incluidas penalizaciones económicas que podrían oscilar entre cuatro y seis veces el beneficio obtenido, como ya ocurrió con la multa de 64 millones impuesta a Airbnb por publicitar viviendas sin licencia.
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