El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha advertido de que, si la derecha rechaza en el Congreso el decreto ley de vivienda por la guerra de Irán, que contempla una prórroga extraordinaria de hasta dos años para los alquileres que finalicen en 2026 y 2027, miles de personas podrían quedarse sin hogar.
Según ha explicado este lunes ante los medios en la sede del Ministerio de Consumo, su Departamento ha remitido una carta a 13 inmobiliarias y fondos de inversión que administran más de 100.000 viviendas en todo el país para comunicarles la obligación de extender los contratos de alquiler que expiren entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, siempre que los inquilinos lo soliciten.
Con este envío, ha señalado Bustinduy, Consumo pretende precisar las condiciones del decreto ley de vivienda vigente, que fija la prórroga forzosa de todos los contratos que venzan en ese periodo, además de mantener el límite del 2% en la revisión anual de las rentas hasta esa fecha.
El titular de Consumo ha subrayado que la norma, que debe ser convalidada por el Congreso de los Diputados en un plazo máximo de 30 días desde su aprobación, implica únicamente que “los inquilinos sigan pagando religiosamente sus alquileres todos los meses” y que se impida que se expulse a las familias de sus casas ante incrementos de hasta el 60% al término del contrato, subidas que, ha recalcado, la mayoría de los hogares no puede asumir.
“Estamos hablando de familias que tienen a sus hijos que van al colegio del barrio. Estamos hablando de parejas que no se pueden separar porque no pueden abordar el pago de un alquiler a los precios que tienen ahora mismo en el mercado. Estamos hablando de gente joven que si le suben un 50%, el año que viene se tiene que volver a casas de sus padres”, ha expuesto, al tiempo que ha defendido el decreto frente a las “campañas de miedo o argumentos interesados” de los 'lobbies' inmobiliario.
Para Bustinduy, la extensión de los contratos responde al “sentido común” y no se trata de una cuestión “de izquierdas ni de derechas”, ya que las personas que podrán acogerse a esta medida pertenecen a todo el espectro político, por lo que, a su juicio, la derecha tendrá difícil justificar un voto contrario.
“Si la derecha vota no a este decreto ley, lo que está defendiendo es el derecho de estos grandes operadores del mercado a forrarse de manera desproporcionada a costa de que echen a las familias españolas a la calle”, ha apuntado.
En este contexto, se ha mostrado convencido de que el decreto saldrá adelante en el Congreso si los inquilinos e inquilinas se organizan y piden la prórroga de sus contratos.
Ofrece diálogo a los grupos para sacar adelante la norma
En la misma línea, el ministro de Consumo ha tendido la “mano” a la negociación a todos los grupos parlamentarios, incluido Junts, recordando que aún quedan “semanas” para cerrar un acuerdo que permita la convalidación de la norma.
“Y si las derechas en este país piensan que pueden tumbar este decreto ley y que no pagarán un altísimo precio por ello, se equivocan. La fuerza de los inquilinos e inquilinas de este país va a ser imparable y se va a traducir en esa votación en el Congreso de los Diputados”, ha añadido.
En este contexto, Bustinduy ha interpelado al presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juan Manuel Moreno Bonilla, para saber si su primera decisión será dejar sin alternativa a los 360.000 andaluces a los que les caduca el contrato, o si, por el contrario, llamará al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para reclamarle que respalde la prórroga.