Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha evaluado positivamente las iniciativas de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en relación a la política de vivienda, destacando que “es muy positivo que el Gobierno español esté reclamando ante la Comisión Europea una intervención drástica de un mercado que no está funcionando a nivel comunitario”.
Durante una visita en Sedaví (Valencia), al responder a las preguntas de los periodistas, Bustinduy comentó sobre la adopción de las propuestas de Sánchez por parte de la Comisión Europea y si estas incluyen los planteamientos de Sumar. El ministro señaló que el mercado europeo de la vivienda “está propiciando que la vivienda se esté convirtiendo en el principal factor de riesgo de exclusión social o de pobreza en países como España”, reiterando que “es muy positivo que el Gobierno de España abandere esa lucha por una intervención política de este mercado, especialmente porque la normativa y la legislación comunitaria tienen mucho que decir sobre esto”.
Bustinduy también resaltó que el año pasado, seis de cada diez viviendas en España fueron adquiridas al contado por “grandes fondos de inversión, grandes empresas que están comprando viviendas como una inversión especulativa para, a continuación, intentar ponerlas a alquiler a precios absolutamente desorbitados”, subrayando la urgencia de “mecanismos de intervención del mercado de la vivienda, que está funcionando como una aspiradora de riqueza”.
PROPUESTA DE SUMAR
En relación al borrador del real decreto ley presentado por Sumar para negociación en la coalición de gobierno, Bustinduy defendió que permitiría “proteger de manera inmediata a todos los inquilinos del país, prorrogar tres años todos los contratos existentes y congelar los precios de los alquileres, que no se puedan subir”. Además, mencionó que la normativa propuesta por Sumar busca “acabar con la acaparación de viviendas” y que cualquier persona física o jurídica que posea más de cuatro debe “tributar de manera muy importante por ello”. Asimismo, propone “prohibir las compras especulativas” y obligar a que, al adquirir una vivienda para arrendar y no residir, debe salir al mercado en alquiler accesible, con el objetivo de “neutralizar la lógica de especulación”.
“Creo que son medidas de sentido común, viables, de aplicación inmediata, y por tanto espero que la negociación sea productiva y que puedan ser de aplicación cuanto antes”, concluyó.