El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha señalado que es “absolutamente imprescindible” actuar sobre el mercado de la vivienda ante la fuerte desigualdad de ingresos entre propietarios e inquilinos, que se traduce en que la renta de los primeros sea un 82% más elevada que la de los segundos.
De acuerdo con un informe elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a partir de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2024 del Instituto Nacional de Estadística (INE), la diferencia de renta entre caseros e inquilinos alcanza los 23.638 euros. Los arrendadores presentan una renta mediana de 52.449 euros, frente a los 28.810 euros de quienes viven de alquiler, según el documento difundido este martes.
“En algunas comunidades autónomas esa diferencia es del doble. Tienen el doble de renta los caseros. Este es el contexto en el que se está dando la formidable crisis de vivienda que vive este país”, ha explicado Bustinduy tras una reunión mantenida este martes con la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV).
En este escenario, el titular de Derechos Sociales ha recalcado que no se deben emplear fondos públicos para “premiar” a los propietarios y ha reiterado el rechazo de Sumar a la propuesta anunciada ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que plantea incentivos fiscales dirigidos a los dueños de viviendas en alquiler.
Bustinduy ha defendido que los recursos públicos se destinen a aliviar la carga que soportan las familias trabajadoras. En este sentido, ha respaldado la iniciativa de Sumar de prorrogar los contratos de arrendamiento que expiran en 2026 y 2027, una medida que, según ha indicado, alcanzaría a 1,6 millones de personas este año y a casi 3 millones hasta 2027.
“Es una prórroga automática que hace que todos los contratos se extiendan automáticamente en el nivel que tienen y, por tanto, que nadie vea cómo sus alquileres suben de manera abusiva hasta un 30, 40 o 50 por ciento dependiendo de la ciudad en la que estemos. Nadie pierde con esta fórmula”, ha afirmado.
El ministro ha sostenido que esta propuesta es compatible con la Constitución y que responde a la gravedad de la actual crisis de vivienda, cuya salida, ha remarcado, debe centrarse en la “protección del derecho de los inquilinos a seguir viviendo en su casa” y no en “premios fiscales” a los caseros.
En la misma línea, ha subrayado que existe “margen” para acordar un decreto ley de intervención en el mercado de la vivienda que ofrezca respuestas concretas a las personas trabajadoras del país, aunque ha advertido de que Sumar no respaldará el decreto ley anunciado ayer por Sánchez en los términos en los que ha sido planteado.