El titular del Ministerio de Consumo, Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha reafirmado la postura de su cartera este jueves tras anunciar que se ha iniciado un nuevo procedimiento sancionador contra una sexta aerolínea de bajo coste por ‘posibles prácticas abusivas’, subrayando que ‘nadie está por encima de la ley’ y que ‘siempre’ protegerá a los consumidores ‘donde y contra quien haga falta’.
Las prácticas supuestamente abusivas bajo investigación incluyen el cobro de un extra por el traslado de equipaje de mano, costes adicionales por asegurar asientos contiguos a menores o personas dependientes y la omisión de información vital o la falta de transparencia en los precios ofrecidos.
En el contexto de la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas en Sevilla, Bustinduy ha declarado que no puede revelar los nombres de las aerolíneas implicadas debido a ‘la normativa que sigue el Ministerio’. ‘Forma parte del conjunto de garantías que dentro de un Estado de Derecho tiene cualquier empresa que también tiene el derecho a recurrir como no podría ser de otra manera y a defender sus posiciones y sus argumentos’, afirmó el ministro.
Este nuevo expediente inicia ahora un proceso que se extenderá por nueve meses para examinar las políticas de la empresa, determinando posteriormente si procede una sanción.
La posible multa se calculará basándose en los beneficios ‘ilícitos’ obtenidos a través de estas prácticas, por lo que podría oscilar entre 100.001 y 1 millón de euros o hasta entre seis y ocho veces el beneficio ilícito en caso de considerarse ‘infracciones muy graves’.
SANCIÓN ‘HISTÓRICA’ CONTRA CINCO AEROLÍNEAS
En agosto de 2023, durante la anterior legislatura, Consumo abrió expediente a otras cinco aerolíneas también por prácticas abusivas. Después del cambio de Gobierno, en noviembre de 2024, Bustinduy aplicó sanciones a todas ellas: Ryanair (107,7 millones de euros), Vueling (39,2 millones), easyJet (29 millones), Norwegian (1,6 millones) y Volotea (1,18 millones).
Las compañías apelaron esta decisión gubernamental ante la justicia, lo que significa que las sanciones y obligaciones no son definitivas hasta que se resuelva judicialmente, un proceso aún en curso en el que la Fiscalía de la Audiencia Nacional participa.
Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha suspendido cautelarmente las sanciones a Ryanair, Norwegian y Vueling, pendiente de sentencia final y dada la ‘imposibilidad –en este momento procesal– de prejuzgar el fondo del asunto’. Esta suspensión está condicionada a la presentación de un aval bancario de 110 millones de euros para Ryanair y de 1,8 millones para Norwegian, que cubren el monto de la sanción y los intereses.