El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha explicado que el nuevo mecanismo para limitar los precios de los medios de transporte en contextos de emergencia obligará a los operadores a comunicar por adelantado la evolución prevista de sus tarifas dinámicas, con el objetivo de impedir incrementos injustificados “en una situación sobrevenida”.
El titular de Consumo ha detallado esta medida durante su intervención en el pleno del Senado, en respuesta a una pregunta sobre las actuaciones del Gobierno para proteger a los consumidores ante episodios excepcionales que alteran la oferta de transporte.
Bustinduy ha insistido en que las subidas de precios “abusivas” aplicadas por determinados medios de transporte alternativos tras el “devastador” accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) han generado una “indignación generalizada” en la sociedad.
Según ha subrayado, estos incrementos “abusivos” “no se corresponden con ningún incremento de los costes operativos o de funcionamiento”, sino que obedecen únicamente a la intención de “exprimir el mayor lucro y beneficio en una situación de necesidad”.
El ministro ha añadido que este tipo de comportamientos se produce “cuando se deja al libre mercado campar a sus anchas”, puesto que, ha dicho, el mercado “carece de cualquier noción de bien común o de interés general, algo que aplica a todos los sectores”.
Ante esta situación, ha recordado que su departamento ha diseñado un instrumento normativo para evitar que episodios similares puedan repetirse. Con este sistema, las compañías deberán remitir con antelación sus previsiones sobre la evolución de los precios dinámicos, de forma que, si se produce una circunstancia extraordinaria como la del citado accidente, “los precios no puedan en ningún caso superar esos niveles previstos de antemano”.
Bustinduy ha precisado que la iniciativa ya está ultimada y se ha trasladado formalmente a los ministerios de Economía y de Presidencia. Ahora, ha señalado, confía en “que pueda entrar en vigor” cuanto antes y en recabar el respaldo de los distintos grupos parlamentarios, incluido el Grupo Parlamentario Popular, al que pertenece la senadora María Carmen Riolobos, autora de la pregunta en la Cámara Alta.