El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado este martes que "ya se notan" los efectos de la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler tras algo más de una semana en vigor, al tiempo que ha arremetido contra la "campaña del miedo" y la "tromba de bulos" que, a su juicio, han impulsado "los defensores de los lobbies inmobiliarios y de la especulación" frente a esta medida.
Miles de inquilinos ya han solicitado la prórroga
A través de una publicación en su perfil de Bluesky, Bustinduy ha explicado que ya son "miles" las personas inquilinas que han cursado la solicitud para acogerse a esta prórroga, aprobada recientemente por el Consejo de Ministros, y ha denunciado que "los lobbies inmobiliarios han montado una campaña para meter miedo" en torno a la extensión de los contratos de arrendamiento.
En un vídeo difundido en la misma red social, el titular de Derechos Sociales se ha propuesto desmontar las "mentiras", "excusas" y "bulos" que, según sostiene, se han difundido sobre la iniciativa.
El Gobierno niega un desplome del mercado
En este sentido, ha rechazado que el mercado del alquiler en España vaya a desplomarse por el aumento de solicitudes y ha defendido que la medida, precisamente, aportará "estabilidad" tanto a la oferta como al nivel de los precios del arrendamiento.
"Cada vez que se plantea un avance en derechos, siempre hay quien amenaza con el apocalipsis. Con la prórroga, damos estabilidad a la oferta y al precio del alquiler, y evitamos que muchas de esas viviendas acaben siendo pisos turísticos o expulsando a los vecinos de sus barrios", ha subrayado.
Impacto en propietarios y límite al IPC
El ministro también ha negado que la prórroga suponga una carga injusta para los propietarios, al remarcar que no serán ellos quienes lo vayan a "pagar": "No pierde nadie" y los caseros continuarán percibiendo las rentas, aunque con un límite máximo del 2% en la actualización del IPC, ha precisado.
Al mismo tiempo, ha descartado que la medida provoque un colapso en los juzgados. Ha recordado que su departamento remitió este lunes una carta a 13 inmobiliarias y fondos de inversión que administran más de 100.000 viviendas en España, informándoles de que están obligados a prorrogar los contratos de alquiler que venzan entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, siempre que así lo pidan los inquilinos.
"La prórroga está vigente con todas las garantías y es obligatoria desde el momento en el que la solicita el inquilino o la inquilina", ha remarcado, antes de insistir en que el Ejecutivo va a "proteger" a los arrendatarios.