El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha vuelto a dejar claro que las prórrogas extraordinarias de los contratos de alquiler que fueran a finalizar entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y que se hayan solicitado mientras estuvo en vigor el decreto ley de vivienda son “válidas y obligatorias”, pese a que ayer PP, Vox y Junts tumbaran la medida en el Congreso.
“Los inquilinos e inquilinas que la hayan solicitado tienen derecho a esa ampliación y creo que en esto la opinión de la inmensa mayoría de juristas, de organizaciones de consumidores, de expertos que se han pronunciado es meridiana en ese sentido”, ha recalcado el ministro en una entrevista en ‘RNE’ recogida por Europa Press.
En esa conversación, Bustinduy ha querido trasladar un mensaje de “tranquilidad” a quienes han pedido la extensión de sus contratos, subrayando que la Constitución es “clara” al establecer que “la derogación de una norma no implica la anulación de sus efectos mientras ha estado en vigor y, por tanto, esas prórrogas son plenamente válidas”.
El titular de Consumo ha expresado además su propósito de impulsar “cuanto antes” una nueva iniciativa similar a la prórroga de los alquileres, una medida que el Gobierno de coalición puso en marcha para mitigar el impacto económico derivado de la guerra de Irán y que Sumar defendió de forma destacada. No obstante, ha admitido que su aprobación dependerá de la “voluntad política de todos los actores”.
“Creo que ayer se evidenció una desconexión entre lo que piensa la mayoría de la gente, como ha sido reflejado en los estudios demoscópicos, y lo que pasó en el Congreso. Estoy convencido de que este consenso, que es transversal a la sociedad española, porque no es una cosa de izquierdas ni de derechas, se va a imponer. Es una cosa de sentido común”, ha expuesto.
La prórroga refuerza la posición negociadora de los inquilinos
Según Bustinduy, en la mayoría de los casos la prórroga ha permitido a los arrendatarios negociar con sus propietarios un nuevo contrato en una situación de “mayor fuerza”, en vez de afrontar la incertidumbre de un desahucio o de un incremento del alquiler cercano al 40%.
“El 20% de la población en España ya vive de alquiler y, por tanto, la prórroga lo que ha permitido es que los inquilinos se vean empoderados también en una relación con sus caseros, que en el caso de los pequeños propietarios es perfectamente fluida y amistosa (...) pero es que 6 de cada 10 viviendas en alquiler ya son de grandes propietarios y personas jurídicas, es que la propiedad del mercado de la vivienda se está concentrando cada vez más, con 13 empresas que tienen más de 100.000 pisos en alquiler”, ha añadido.