Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha planteado este jueves en Barcelona la necesidad de prohibir la adquisición de viviendas con propósitos especulativos, promoviendo que estas se usen para residencia o alquiler a precios razonables: “Es hora de actuar”, ha manifestado.
En un encuentro con la prensa, acompañado por Jéssica Albiach, líder de los Comuns en el Parlament, y Janet Sanz, de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona, Bustinduy ha subrayado la urgencia de implementar medidas a nivel nacional para asegurar el derecho a la vivienda.
Ha celebrado las iniciativas de los Comuns y BComú en el Parlament y el Ayuntamiento y ha enfatizado la necesidad de extender estas acciones al Congreso de los Diputados y al Gobierno, con el objetivo de que las viviendas compradas se destinen a residencia o se alquilen conforme a los índices de referencia establecidos.
El ministro ha señalado que el 60% de las compras de vivienda en España se realizan sin hipoteca, lo cual indica, según sus palabras, un predominio de las adquisiciones especulativas: “Eso no son familias, eso no son jóvenes que se independizan, eso no son ciudadanos haciendo sus proyectos de vida, eso son agentes especuladores”.
Bustinduy ha criticado la especulación como un comportamiento inmoral y ha declarado que no es una elección individual, sino que responde a la dinámica del propio mercado que domina el sector inmobiliario en el país. “Y ya no basta con comentarlo, denunciarlo y apoyar a la sociedad civil que se levanta contra este estado de cosas absolutamente inaceptable. Es hora de actuar. Y es hora de actuar a todos los niveles”, ha añadido.
Desde Sumar en el Gobierno, ha defendido la extensión de los contratos de alquiler, su congelación y la limitación de la concentración de viviendas en pocas manos, así como la prohibición de las compras especulativas.
Respecto a la ley de Servicios de Atención a la Clientela, Bustinduy ha celebrado el avance significativo hacia su aprobación definitiva, tras el apoyo de Junts en la comisión de Consumo del Congreso. Esta ley exigirá que las grandes empresas atiendan las quejas de los clientes en las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas donde operen. “Llevamos trabajando muchísimos meses, con mucho diálogo, mucho esfuerzo. Pasará a pleno y espero que pueda ser aprobada cuanto antes. Es una ley que va a suponer una transformación revolucionaria del paradigma de la concepción de los derechos de consumidores”, ha concluido.