El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y la vicepresidenta del Gobierno de Navarra y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, se han reunido este miércoles en el Palacio de Navarra para repasar y poner en valor las distintas políticas impulsadas tanto por el Gobierno central como por el Ejecutivo foral destinadas a facilitar el acceso a la vivienda frente a los “intereses especuladores”.
Al encuentro han acudido también la directora general de Vivienda del Gobierno navarro, Elga Molina, el gerente de Nasuvinsa, Javier Burón, y la directora del gabinete del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Nagua Alba.
Antes de la reunión, en declaraciones a los medios, Bustinduy ha destacado las “actuaciones decididas” del Gobierno de Navarra para afrontar las dificultades de acceso a la vivienda. Ha censurado que “durante muchos años” la vivienda “se ha convertido en un juego de reproches y de acusaciones” bajo la idea de que “es un problema muy complejo que no tiene solución”.
Frente a esa visión, ha subrayado que el Ejecutivo foral está demostrando “que esto no es así” y que “por supuesto que las administraciones pueden intervenir para asegurar que prevalezca el derecho constitucional a la vivienda sobre los intereses económicos y el lucro desmedido de un puñado de operadores financieros”. “Los resultados se están viendo ya y se van a ver”, ha asegurado.
Bustinduy ha incidido en que “no da igual quién esté gobernando” y ha resaltado que, “cuando se interviene de manera decidida”, se puede “asegurar que las familias puedan acceder a un alquiler asequible, que los jóvenes puedan emanciparse, que nadie se vea sometido al chantaje, a la presión y a la incertidumbre de dónde se va a poder vivir” o “cómo se va a rehacer la vida cuando a alguien le obliguen a abandonar su casa para abrir un piso turístico o para ponerlo a la venta en un mercado claramente especulativo”.
El ministro ha remarcado la necesidad de “aprender más de la experiencia del Gobierno navarro”, en especial de las declaraciones de zonas tensionadas y de “la contención de los precios del alquiler”, y ha avanzado que “recogemos el guante y vamos a trabajar de manera decidida para acabar con lo que es un fraude, con el recurso a los alquileres de habitaciones o de temporada para sortear la regulación vigente”.
“Vamos a demostrar que intervenir el mercado de la vivienda, que actuar de manera decidida para anteponer el derecho constitucional a la vivienda produce resultados. Y la gente va a ver la diferencia”, ha manifestado.
En contraposición, ha cargado contra las comunidades autónomas gobernadas por el PP que, a su juicio, “se jactan de no hacer nada para resolver el principal problema de las clases trabajadoras en este país”. Según Bustinduy, “son conniventes con los mismos intereses especuladores que están convirtiendo la vivienda en el principal factor, no ya de desigualdad sino de riesgo de empobrecimiento o de exclusión social en España”.
Por su parte, la consejera Begoña Alfaro ha agradecido a Bustinduy la “labor ingente” que está llevando a cabo “en defensa de los derechos de los consumidores” y, en particular, para “poner coto a los intereses inmobiliarios privados que creen que esto es la ley de la selva”.
Ha destacado especialmente la sanción impuesta a la plataforma Alquiler Seguro por 3,6 millones de euros por “prácticas abusivas contra los derechos de los consumidores”, una empresa que, ha recordado, “es el referente en materia de datos para la derecha”. También ha puesto en valor la “gran labor que se ha realizado en materia de publicidad engañosa de determinados portales inmobiliarios que parece que desconocen todavía a día de hoy que hay una ley de vivienda estatal aprobada en el año 2023”. Además, ha remarcado la actuación del Ministerio frente a la “lacra de los alquileres turísticos ilegales”, con la exigencia a AirBnb de retirar “más de 65.000 anuncios que no contaban con licencia”.
Alfaro ha resaltado igualmente el decreto que fija la prórroga de los contratos de alquiler durante dos años y ha recordado que su departamento ha remitido una comunicación a 10.000 inquilinos para informarles de este derecho. En este sentido, ha señalado que el servicio de información, asesoramiento y mediación del Gobierno de Navarra “está a disposición de todo aquel que tenga dudas” sobre esta medida.
La consejera ha añadido que uno de los “grandes retos” pendientes es desplegar instrumentos “frente a los contratos fraudulentos de temporada” y al alquiler de habitaciones, que ha calificado como una “fuga” a la que “determinados propietarios están acudiendo con el fin de eludir las limitaciones que contempla la ley de vivienda”.