El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha vuelto a defender la iniciativa de Sumar para extender de forma automática los contratos de alquiler que caducan en los próximos meses, con el objetivo de impedir que los propietarios eleven las rentas por encima del IPC, insistiendo en que la medida respeta la Constitución.
En una entrevista en “La Sexta”, recogida por Europa Press, ha rechazado la alternativa planteada por el PSOE, que pasa por aplicar una bonificación del 100% en el IRPF de los ingresos por alquiler a aquellos caseros que mantengan los precios sin incrementos.
La normativa vigente establece un periodo mínimo de cinco años para los contratos de arrendamiento, durante el cual la renta solo puede actualizarse conforme al índice acordado, que suele ser el IPC. En este contexto, más de 600.000 contratos firmados en 2021, antes de la fuerte escalada de los precios del alquiler, expirarán a lo largo de este año y podrían experimentar subidas muy superiores a la inflación para alinearse con los valores actuales del mercado.
Bustinduy ha advertido de que estos incrementos forzarán a numerosos inquilinos a dejar sus hogares. Para evitarlo, Sumar intenta convencer a su socio de coalición, el PSOE, de sacar adelante una ley que imponga la prórroga automática de los contratos, de manera que las subidas de renta queden limitadas exclusivamente al IPC, situado este año en torno al 2,9%.
Frente a ello, el PSOE mantiene su propuesta basada en incentivos fiscales a los arrendadores, con el propósito de contener las subidas, una fórmula que Sumar rechaza porque esas ayudas se costean con dinero público y se destinan directamente a los propietarios.
“El mensaje que estás mandando con esa medida es que en España por trabajar pagas impuestos, por invertir pagas impuestos, pero por recibir rentas del alquiler no pagas impuestos. Es un mensaje que yo creo que no es correcto”, ha trasladado Bustinduy.
El titular de Derechos Sociales ha precisado que alrededor del 25% de la población española reside en régimen de alquiler, mientras que el 75% restante vive en vivienda en propiedad. Dentro de ese 75%, ha señalado que entre un 5% y un 10% dispone de más de una vivienda destinada al arrendamiento, si bien se trata en su mayoría de pequeños propietarios.
“La vivienda en España, en el mercado inmobiliario, se ha convertido en un zoco de especulación donde fondos buitre y fondos internacionales de capital riesgo han invertido masivamente para obtener el mayor rendimiento, el mayor beneficio económico posible en el menor plazo posible”, ha concluido.