La Cámara de Diputados de Chile solicita anular el convenio entre Codelco y SQM para la explotación de litio

Archivo - 25 October 2022, Chile, Antofagasta: View of the plant of the Chilean company SQM, where lithium mined from the Atacama Desert is processed into lithium hydroxide and lithium carbonate.Lucas Aguayo Araos/dpa - Archivo

El órgano legislativo chileno ha dado su respaldo a las conclusiones de la comisión investigadora que solicita anular el convenio firmado por Codelco y SQM a finales de mayo de 2024 para la extracción de litio en el Salar de Atacama, que también contempla la adquisición de la mina Salar Blanco, situada en Maricunga.

El informe, que recibió 96 votos a favor, 2 en contra y 17 abstenciones, señala que el acuerdo «representa un perjuicio gigantesco a las arcas fiscales» del país. De acuerdo con el documento, este detrimento surge de la decisión de descartar una licitación pública internacional, abierta y competitiva, optando en su lugar por un acuerdo directo con SQM.

Comparado con otras transacciones de mercado similares, el informe indica que el Estado debió haber obtenido de forma inmediata al menos unos 6.700 millones de dólares (5.689 millones de euros).

TRANSPARENCIA Y LICITACIÓN PÚBLICA

La Cámara ha emitido varias recomendaciones, resaltando la necesidad de realizar una licitación «internacional, pública, abierta y transparente», ya que el proceso se llevó a cabo «sin entregar información clara, oportuna y suficiente al Congreso y a la ciudadanía».

Además, sugiere mejorar y revisar la consulta indígena, considerada «parcial y meramente formal», al no asegurar una participación efectiva de las comunidades impactadas.

Los legisladores subrayan que el convenio entre ambas empresas aún puede ser modificado, brindando la oportunidad de replantear cómo se explotará el litio en la mayor reserva mundial de este recurso.

Finalmente, el informe aconseja implementar un sistema de sanciones claras y robustas para aquellos funcionarios y directivos que practiquen la opacidad, oculten información o no cumplan con los estándares de transparencia y rendición de cuentas.

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