El Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos ha lanzado una iniciativa para reclamar la eliminación del sistema de cita previa obligatoria en entidades gubernamentales. Un estudio del Observatorio de Gestión Pública del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid (Icogam) revela que, de los 25 trámites revisados, más del 80% carecieron de cita en algún momento entre julio de 2024 y junio de 2025.
El informe indica que los tiempos de espera para conseguir una cita alcanzaron los 36 días en casos como la expedición del DNI en julio, afectando principalmente a las oficinas de la Seguridad Social, las jefaturas de tráfico y los servicios de extranjería. Aunque Hacienda mantuvo la disponibilidad casi completa, también se registraron retardos de hasta diez días.
El organismo ha criticado que la obligación de agendar una cita, muchas veces inalcanzable, hace que el derecho de acceso a las oficinas públicas sea «papel mojado», resaltando la problemática particular para personas mayores, migrantes o aquellos con escaso acceso a tecnologías digitales.
En respuesta a esta situación, los gestores administrativos han presentado el ‘Manifiesto por el Derecho a la Atención Presencial Efectiva’, buscando evidenciar el «colapso» del sistema y promoviendo una movilización para reivindicar un servicio público «digno, cercano y accesible».
La administración, según el presidente de los Gestores Administrativos, Fernando Jesús Santiago Ollero, no debe actuar como un «club privado». «Los derechos no se reservan: se ejercen. Si un ciudadano no puede obtener una cita, no puede ejercer su derecho. Y eso es inadmisible en un Estado de Derecho».