Hasta más de 200 millones de euros podrían perderse en Canarias si el Gobierno de España no actúa de inmediato y modifica las fechas de gestión de una parte del programa de los fondos Next Generation, que afecta a la Estrategia de Energía Sostenible de las islas Baleares y Canarias.
El pasado 18 de marzo, el Gobierno canario encendió las alarmas y dirigió una carta al Ejecutivo de Pedro Sánchez, en concreto al director general del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), haciéndole saber que, de no alargar los plazos de ejecución de estas ayudas, las islas podrían perder 242 millones de euros y cientos de puestos de trabajo estratégicos, en aras de la descarbonización y de la transición energética justa e inclusiva.
Alienado con las preocupaciones del sector, representadas por la Confederación Regional de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Canarias (CREM), integrada por Femete y Femepa, el Gobierno canario ha enviado una propuesta técnica al Gobierno de España para ejecutar al menos más del 80 % de los fondos y asegurar la implantación de infraestructuras energéticas clave en las islas. Sin embargo, hasta la fecha, el Ejecutivo central no ha emitido respuesta alguna, pese a que fue el propio IDAE quien pidió la formalización de esta propuesta, a tenor de conversaciones previas sobre los plazos y la posible pérdida y devolución de estos fondos Next Generation.
Según fuentes empresariales consultadas por Demócrata, el Gobierno de Pedro Sánchez incluso llegó a plantearse incorporar estas modificaciones de plazos en el Real Decreto-ley de su Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, lo que finalmente no se hizo, derivando el asunto a Bruselas, si bien existen epígrafes dentro de este RDL, de un nuevo marco legislativo del sector eléctrico en el que se ponderan “propuestas regulatorias encaminadas a garantizar el suministro eléctrico en estos sistemas al mínimo coste y al cumplimiento de los objetivos de descarbonización establecidos por el Gobierno y las comunidades autónomas para estos territorios”.
En datos
Situación actual
- Canarias gestiona 9 programas de la EESI, con 7 convocatorias de subvenciones, de las cuales 5 contribuyen al objetivo CID 120.
- Se han concedido más de 1.200 expedientes por un valor de 242 millones de euros, que permitirían instalar:
- >170 MW de generación renovable
- 140 MWh de almacenamiento
- Sin embargo, solo se prevé ejecutar 66 MW para junio de 2026, debido a retrasos y complicaciones en algunos proyectos.
Extensión del marco temporal
La propuesta del Gobierno canario, defienden sus responsables, facilitaría la implantación en Canarias de más de 170 MW de generación renovable y 140 MWh de almacenamiento, lo que marcaría un hito histórico en Europa respecto a la descarbonización de sus regiones ultraperiféricas y en España en el territorio con más dificultades para lograrla.
Al mismo tiempo, insisten nuestras fuentes consultadas, se aseguraría el cumplimiento de los compromisos del PRTR ante la Comisión Europea, se continuaría impulsando la transición energética en los territorios insulares, se evitaría la posible pérdida de financiación procedente de fondos europeos y se garantizaría una correcta ejecución técnica de los proyectos.
En opinión del Gobierno canario, y con el asesoramiento de las patronales afectadas, modificar los tiempos de ejecución no es complejo, pues se trata de un procedimiento que el Ejecutivo español ya ha empleado. Es decir, una reconfiguración técnica del modelo de cumplimiento del PRTR, operada por la Orden TED/1444/2025 de 11 de diciembre, que modifica las bases reguladoras de varios programas de ayudas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-Next Generation EU, y que en su día no se hizo extensiva a las ayudas gestionadas por la Comunidad Autónoma de Canarias mediante el Real Decreto 451/2022, de 14 de junio, por el que se regula la concesión directa de ayudas destinadas a la financiación de estrategias de energía sostenible para las Illes Balears y Canarias, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En datos
Propuesta del Gobierno de Canarias
- Ampliación excepcional de plazos:
- Extender el plazo de ejecución hasta 31 de julio de 2026 para asegurar el cumplimiento del objetivo CID 120.
- Esto, sumado a la aportación de Baleares, permitiría alcanzar 128 MW.
- Reubicación de proyectos pendientes:
- Los proyectos restantes (≈105 MW) que no se ejecuten antes de julio de 2026 se integrarían en la Componente 31, Inversión 9 (REPowerEU), con ejecución hasta diciembre de 2026.
- Este mecanismo ya se aplicó con éxito en otros programas (RD 477/2021 y RD 1178/2023).
- Modificación normativa necesaria:
- Ajustar el RD 451/2022 para permitir la extensión de plazos y la reubicación de proyectos dentro de REPowerEU, siguiendo el modelo del RD 477.
- Esto incluiría modificaciones en resoluciones de concesión autonómicas y ampliación de plazos de ejecución incluso para proyectos ya prorrogados o con plazos vencidos.
De modo que, ahora sí se podría modificar, extendiendo la ejecución de los proyectos en coherencia con el marco temporal de las actuaciones financiadas mediante REPowerEU y garantizando la correcta absorción de los fondos europeos y la continuidad de las inversiones estratégicas en transición energética de los territorios mencionados.
Esta incorporación a financiación con componente 31 ya se realizó en otra de las convocatorias gestionadas por las comunidades autónomas, concretamente en el Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y en su modificación por el Real Decreto 1178/2023, de 27 de diciembre, por tanto, solo sería necesario enmarcar el RD 451 dentro de las inversiones C7.I2 y C31.I9, tal y como se hizo en el RD 477 con las inversiones C7.I1, C8.I1 y C31.I1.
Una pérdida histórica
A escasos días de que expiren los plazos actuales, la incertidumbre sobre la decisión del Ejecutivo central amenaza con bloquear inversiones ya comprometidas y proyectos en marcha en un contexto clave para la modernización económica de las islas
Fuentes de las patronales, en concreto la CREM, integrada por Femete y Femepa y apoyada por Confemetal, lanzan una advertencia urgente sobre las consecuencias de la inacción del Gobierno, alertando de que la no ampliación de los plazos provocará la pérdida de una oportunidad histórica para Canarias
Desde la patronal CEOE, explican a Demócrata, se va a seguir trabajando este asunto, trasladando también la problemática a la ministra Aagesen, pues apenas quedan dos semanas para solicitar y conseguir que amplíen el plazo.
Una decisión política
Las fuentes empresariales advierten que más de 200 millones de euros en fondos europeos ya asignados podrían perderse junto a la paralización de cientos de proyectos y un impacto directo sobre el empleo, subrayando que no se trata de un problema técnico sino de una falta de decisión política con consecuencias económicas irreversibles para el archipiélago.
El presidente de Femete, Juan Antonio Jiménez, advierte que no conceder esta prórroga sería un error de enormes dimensiones, Canarias perdería inversiones ya comprometidas y se enviaría un mensaje devastador al tejido empresarial, que cumplir no sirve de nada si la administración no responde a tiempo, estamos en los últimos días, o se actúa ahora o se asumirá la responsabilidad de haber dejado pasar una oportunidad histórica para Canarias.
Por su parte, la presidenta de Femepa, Patricia Jiménez, señala que estamos ante una decisión que marcará el futuro económico de Canarias, si no se actúa, el Gobierno de España será responsable de la pérdida de más de 200 millones de euros, de la paralización de proyectos estratégicos y de poner en riesgo cientos de empleos, no se trata de pedir más fondos sino de permitir que los proyectos ya aprobados puedan ejecutarse, no hacerlo sería dejar tiradas a las empresas que han confiado en este proceso y frenar la transición energética de Canarias.
Pérdida de 100 megavatios de potencia renovable
Además, recuerdan las patronales, los proyectos afectados cuentan con resolución favorable, financiación comprometida y ejecución en marcha, pero los plazos actuales hacen inviable su finalización, lo que obligaría a detener iniciativas y devolver fondos europeos ya concedidos, en una situación que las patronales consideran un contrasentido al tratarse de inversiones ya activadas y empresas trabajando sobre el terreno.
El impacto no se limita a la financiación, según la advertencia empresarial, se vería afectado el desarrollo estructural de Canarias con la pérdida de inversiones clave, la paralización de proyectos capaces de instalar más de 100 megavatios de potencia renovable y el deterioro de la confianza en los mecanismos de financiación pública.
Las patronales insisten en que se trata de inversiones ya adjudicadas cuya pérdida sería inmediata, afectando directamente a pymes, instaladores, ingenierías y trabajadores que dependen de la continuidad de los proyectos, trasladando el problema a la economía real y a cientos de familias en las islas.
Por todo ello, la CREM realiza un llamamiento urgente al Gobierno de España para que actúe de inmediato y adopte las medidas necesarias que permitan ampliar los plazos y asegurar la ejecución de los fondos, alertando que cada día de inacción acerca a Canarias a un escenario marcado por la pérdida de cientos de millones de euros, la paralización de proyectos y el freno a su transformación económica.