El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha asociado este miércoles la ausencia de inversión sostenida en el tiempo en las infraestructuras de movilidad, así como el reiterado incumplimiento de los presupuestos, con la alteración de la actividad habitual y, en algunos casos, con la accidentalidad que se registra en la red de transporte de Cataluña.
Lo ha expuesto en declaraciones a los medios desde la sede de Pimec, al hilo de los dos siniestros ocurridos la noche del martes, el más grave en la línea R4 a la altura de Gelida (Barcelona), que se ha saldado con una persona fallecida.
“No es una cuestión puntual, sino que da desde hace tiempo y se produce porque no se está invirtiendo lo suficiente para mantener las infraestructuras, especialmente en el ámbito de Rodalies”, ha alertado el presidente de Pimec, que también ha aludido a una situación de retrasos sistemáticos que repercuten en la movilidad de los ciudadanos y en el normal desarrollo de la actividad económica de las empresas.
Conforme a los datos de Pimec difundidos por Cañete, estos retrasos e incidencias suponen una pérdida diaria de 2,2 millones de euros en costes laborales, a los que se suman otros 3,2 millones de euros al día en costes de oportunidad.
“Lo que ha sucedido pone de relevancia que, aunque se hagan presupuestos y se hable de inversiones en infraestructuras, y vengan diferentes responsables gubernamentales a hablar de lluvia de millones, si cuando llega el momento, no se hacen realmente, todo esto da una situacion de deterioro”, ha insistido el presidente de la patronal.
Impacto económico y competitividad empresarial
En esta misma línea, Cañete ha ligado las disfunciones en el transporte de viajeros, como la suspensión total del servicio de Rodalies que se está produciendo este miércoles, con una merma de la competitividad de las compañías catalanas.
Por este motivo, y ante la posible huelga anunciada por el Sindicato Español De Maquinistas Ferroviarios (Semaf), ha subrayado la necesidad de compatibilizar las reivindicaciones laborales con el interés general y ha reclamado que “no haya un uso de estos derechos en contra de las personas y la actividad”.