Carlos Cuerpo, Ministro de Economía, Comercio y Empresa, ha argumentado que la intervención del Gobierno en la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de BBVA hacia Banco Sabadell establece un precedente para futuras operaciones bancarias, buscando proteger el interés general y al mismo tiempo crear valor para los accionistas.
En su intervención ante la Comisión de Economía, donde explicó varios temas, los parlamentarios cuestionaron a Cuerpo sobre el proceso con BBVA y el expediente sancionador abierto por la Comisión Europea a España debido a la legislación empleada para establecer condiciones en la OPA.
Desde Bruselas, se critica que el Gobierno español utilice normativas que pueden exceder el interés general, lo que según la Comisión Europea, contraviene el Derecho de la UE al interferir en competencias del Banco Central Europeo. Sin embargo, Cuerpo sostuvo que la legislación nacional está completamente en sintonía con la legislación europea.
ESGRIME LA LEY DE COMPETENCIA DE 2007
El ministro explicó que la ley de Defensa de la Competencia de 2007 faculta al Gobierno para intervenir en favor del interés general en ciertas fases de las operaciones supervisadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Esta norma se aplica cuando hay riesgo para la competencia, permitiendo imponer condiciones para la ejecución de la fusión.
«En esta decisión lo que estamos poniendo sobre la mesa es la creación o la generación de un precedente según el cual se puede generar en este tipo de operaciones valor para los accionistas de ambas entidades sin que ello vaya en detrimento del interés general», defendió Cuerpo.
EL GOBIERNO NO QUIERE DESPIDOS NI CIERRE DE OFICINAS
Además, el ministro subrayó que la estrategia gubernamental busca evitar despidos y cierres de oficinas, común en este tipo de transacciones. Destacó que BBVA continúa con la operación a pesar de las nuevas condiciones impuestas por el Gobierno.
«Lo que pone de manifiesto la decisión de BBVA de seguir adelante con esta operación es que, efectivamente, puede generarse valor para los accionistas de ambas entidades sin que se vea perjudicado el interés general», concluyó.