QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo, se presentará ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para la Unión Europea este jueves, para explicar la retención de 1.000 millones de euros de fondos europeos destinados a España, debido al incumplimiento en la elevación de impuestos al diésel y las inversiones en digitalización de entidades regionales y locales.
Estas dos reformas formaban parte de los compromisos adquiridos por el Gobierno dentro del quinto segmento del Plan de Recuperación y Resiliencia. Debido a que no se llevaron a cabo, el 7 de julio, la Comisión Europea optó por retener 1.000 millones de euros de la asignación para España, ajustando el total recibido por el país a 23.900 millones de euros.
Los 1.000 millones retenidos quedarán pendientes hasta que se cumplan estos compromisos. Por lo tanto, el Gobierno deberá efectuar las inversiones en digitalización y aumentar la fiscalidad al diésel, una reforma que fue rechazada en noviembre del año pasado en el Congreso por Podemos, Vox y PP.
En esta situación se encontrará Cuerpo cuando asista a la comisión mixta, a la cual se comprometió a mantener informada sobre este tema cuando Bruselas aún evaluaba la petición española para el quinto desembolso de fondos europeos.
50.000 MILLONES DE FONDOS HAN LLEGADO A LA ECONOMÍA
En su más reciente intervención en la comisión mixta, el ministro indicó que se habían asignado 53.646 millones de euros de fondos europeos, incorporados en el Plan de Recuperación, y de estos, el 40% ha sido destinado a pequeñas y medianas empresas.
Del total de más de 53.000 millones, el 68% ya se ha entregado a beneficiarios «con nombre y apellidos». Además, destacó que dos de cada cinco euros de los fondos ejecutados se han dirigido a pequeñas y medianas empresas.
Cuerpo proporcionó detalles sobre algunos proyectos financiados con estos fondos europeos, como el Kit Digital y el Kit Consulting, que han favorecido a 730.000 pymes con 2.600 millones de euros; las 567 intervenciones en 29.940 viviendas en régimen de alquiler social para mejorar su eficiencia energética; o los 990 millones distribuidos a las comunidades autónomas en el marco del Plan Moves III.
