El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Cataluña, Miquel Sàmper, ha revelado que para el período 2026-2030, el Pacte Nacional per a la Indústria (PNI) disfrutará de una dotación de 4.400 millones de euros en fondos públicos.
«La industria ha cambiado y las políticas industriales, por tanto, deben adaptarse a estos cambios», declaró Sàmper durante una comisión en el Parlament, explicando que este primer borrador del PNI se ha preparado en colaboración con los agentes sociales.
El conseller describió que el pacto involucra a nueve departamentos del gobierno catalán, asignando al departamento de Empresa y Trabajo un presupuesto de 1.350 millones de euros, mientras que el departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica gestionará 1.700 millones de euros.
Hasta el momento, el PNI incluye 166 iniciativas en cinco áreas clave: sostenibilidad y energía, empleo de calidad, innovación y competitividad, infraestructuras y terrenos industriales, y la reducción de la burocracia.
Sàmper destacó algunas acciones específicas como una línea de financiamiento para proyectos que se ajusten al cambio climático y la adaptación de la formación profesional a las demandas del sector industrial catalán a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).
El conseller también ha enfatizado la importancia de fomentar los doctorados industriales, desarrollar una estrategia de resiliencia hídrica y definir un camino en el sector de semiconductores y chips: «Queremos que Catalunya juegue en la primera división en los sectores estratégicos del futuro».
DOCUMENTO «VIVO»
Sàmper también mencionó que el documento es «vivo» y que recogerá las propuestas de los partidos políticos hasta el 15 de octubre, para luego debatirlas en cinco grupos de trabajo activos desde principios de septiembre.
Ante esta situación, el diputado de Junts, Joan Canadell, aplaudió que el Govern haya decidido incluir a otros grupos parlamentarios en la redacción del documento, a diferencia de lo ocurrido en la legislatura anterior: «Se nos hizo participar al final cuando todo el pez estaba vendido».
El diputado de ERC, Jordi Albert, por su parte, negó que en la legislatura anterior no se contara con la opinión de los demás grupos, pero criticó que el documento carece de concreción suficiente.
La diputada del PP, Ángeles Esteller, y el diputado de Vox, Javier Ramírez, también expresaron sus reservas sobre la presentación de Sàmper, calificándola de «insuficiente y un poco triunfalista» y carente de datos concretos, respectivamente.
Finalmente, el diputado de los Comuns, Lluís Mijoler, y la diputada del PSC, Conchi Jiménez, manifestaron sus expectativas de mejorar el documento inicial e incorporar las demandas de los grupos parlamentarios, asegurando que no apoyarán un pacto que no garantice derechos ni considere el reglamento de la industria y la transición ecológica.