Cataluña impone 13 sanciones a propietarios por vulnerar la ley de vivienda

El Govern catalán y los Comuns estrenan el régimen sancionador de la ley de vivienda con 13 multas a personas jurídicas que pueden sumar hasta 120.000 euros.

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La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, en una rueda de prensa desde el Palau de la Generalitat EUROPA PRESS

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El Govern y los Comuns han comunicado este martes la imposición de las primeras 13 sanciones a propietarios por incumplir la ley catalana de vivienda, en desarrollo del régimen sancionador de vivienda pactado entre ambas partes hace casi un año, y cuyo importe conjunto podría llegar a los 120.000 euros.

El anuncio se ha producido tras una reunión en el Palau de la Generalitat entre la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero; la líder de los Comuns, Jéssica Albiach, y el presidente del grupo PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, en la que han revisado el grado de ejecución de los acuerdos vinculados a los suplementos de crédito de 2025, condición exigida por los Comuns para abrir la negociación de los Presupuestos de 2026.

Han precisado que 7 de estas sanciones se han tramitado a través de la Agència Catalana de Consum y las otras 6 desde la Agència d'Habitatge de Catalunya (AHC). Algunas ya han sido cobradas, mientras que otras siguen en fase de instrucción y sus cuantías definitivas están pendientes de concretarse.

Albiach ha detallado en una rueda de prensa posterior que, en estos 13 expedientes iniciales, todas las sanciones recaen sobre personas jurídicas: “No estamos hablando de ninguna persona particular, de ninguna persona física”.

Tipo y cuantía de las sanciones

Dos de las primeras multas ya ejecutadas, de 27.000 euros cada una, se consideran infracciones graves: una por incrementar la renta de los inmuebles sin justificar los conceptos y otra por firmar como administrador de fincas colegiado sin estarlo. La tercera sanción cobrada es leve, de 1.750 euros, por no informar del índice de precios en zonas tensionadas en el anuncio.

En los otros 10 expedientes aún no resueltos, hay un caso calificado como grave por no incluir tampoco el índice de precios ni la etiqueta de eficiencia energética, que podría llegar a los 25.000 euros, y otros 3 por no informar del índice de precios. En cuanto a los 6 procedimientos de la AHC, 2 podrían suponer sanciones de 30.000 euros, 2 de 3.000 euros y 2 tienen la cuantía por determinar.

De acuerdo con el régimen sancionador de la ley de vivienda, las infracciones leves pueden alcanzar los 9.000 euros, las graves se sitúan entre 9.001 y 90.000 euros, y las muy graves oscilan entre 90.001 y 900.000 euros.

Paralelamente, se han cerrado 26 expedientes abiertos por el Govern al concluir que “no entraban en los supuestos previstos en la ley”.

Más expedientes en camino

Además, Albiach ha explicado que el Govern les ha trasladado, y así lo ha ratificado el Ejecutivo, que se está preparando un segundo bloque de sanciones, con 55 procedimientos en tramitación desde Consum que podrían sumar en torno a medio millón de euros, y 77 más en curso en la AHC, que la dirigente de los Comuns ha asegurado que “caerá en cascada las próximas semanas”.

Ha considerado que, en este primer paquete, el Govern ha optado por ser “un poco más conservadores”, pero ha avanzado que las siguientes sanciones serán, en sus palabras, mucho más severas.

“Punto de partida” y próximos pasos

Para Albiach, estas primeras resoluciones sancionadoras representan “un punto de partida”, y ha subrayado que todavía queda muchísimo trabajo por hacer, al tiempo que ha remarcado que, a su juicio, el Govern ha actuado con retraso a la hora de poner en marcha estas multas.

“Si los Comuns no lo hubiéramos puesto como una condición imprescindible para sentarse a negociar los Presupuestos, hoy el Govern no hubiera impuesto todavía ninguna sanción, porque estamos viendo que aquí el no sólo ha arrastrado los pies, sino que hemos tenido que empujarles”, ha sostenido.

También ha señalado que, durante el mes de febrero, debería estar operativo el registro de grandes tenedores de vivienda acordado con el Govern, así como la unidad antidesahucios.