CCOO ha expresado su preocupación ante lo que califica como un “tufo neoliberal” en las acciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), acusándola de sugerir cambios en Correos que podrían derivar en una privatización solapada de esta entidad pública.
El sindicato se apoya en un reciente informe de la CNMC, que cuestiona la necesidad de mantener a Correos como prestador del servicio público hasta 2030, a pesar del consenso alcanzado por la mayoría de los partidos políticos, incluyendo al PSOE y al PP.
Desde CCOO se critica la propuesta de la CNMC de “trocear el servicio por territorios o funciones para entregarlo a operadores privados”, interpretando esto como una forma de privatización oculta que relegaría a las áreas menos rentables a un servicio de baja calidad y sin garantías de universalidad.
La CNMC también ha mostrado su desacuerdo con otras disposiciones de la ley que permitirían a Correos ofrecer servicios adicionales con financiación pública, como la banca básica, un servicio que facilita el acceso a recursos financieros en zonas rurales. CCOO señala que otros países europeos llevan tiempo ofreciendo estos servicios con fondos públicos, mientras que en España, Correos ha prestado estos servicios sin compensación adecuada.
Además, la CNMC se opone a un cambio en la metodología para calcular el financiamiento que recibe Correos, lo que en la práctica resultaría en un incremento de dicha financiación, y a la nueva supervisión de Correos en zonas rurales a cargo de la Intervención General de la Administración del Estado, en vez de la CNMC.
“El malestar de la CNMC se debe a que pierde el control de un ‘juguete’ con el que venía recortando las ya insuficientes asignaciones de Correos. Mientras tanto, la Comisión Europea ha autorizado reiteradamente una doble financiación a correos públicos en países como Francia, Bélgica, Italia o República Checa”, argumenta CCOO.
El sindicato tacha de “insólito y antidemocrático” el enfoque de la CNMC, que desafía una decisión parlamentaria respaldada por una “legitimidad y amplia mayoría”, y critica tanto al Gobierno como a las organizaciones sindicales y al propio Congreso de los Diputados. Cani Fernández, presidenta del organismo y ex asesora de Pedro Sánchez, ha sido especialmente crítica con la legislación, que no consultó a la CNMC para su tramitación como, según ellos, estipula la ley.
“Las críticas de la CNMC son puro ruido liberal contra el servicio público. Si con su habitual sesgo liberal y privatizador se incomoda con el acuerdo, es la mejor prueba de que vamos por el camino correcto”, concluye el sindicato.