CCOO sostiene que el plan de ampliación de 12 aeropuertos incluido en el Documento de Regulación Aeroportuaria 2027-2031 (DORA III) incrementará la llegada de turistas a enclaves ya colapsados, lo que a su juicio derivará en un encarecimiento del acceso a la vivienda y en mayores emisiones contaminantes.
El sindicato calcula que, con estas actuaciones, dotadas recientemente con una inversión de 13.000 millones de euros, se persigue alcanzar los 347 millones de pasajeros en 2031, es decir, un 22% más que en 2023, después de que el tráfico de viajeros se haya duplicado entre 1999 y 2019.
Según CCOO, los fuertes incrementos de viajeros internacionales han impulsado una masificación turística “en muchos destinos, sobre todo islas, costa mediterránea y grandes ciudades”, lo que ha provocado un “importante aumento de los precios de las viviendas, de la gentrificación de áreas urbanas y de impactos territoriales y ambientales”.
Turismo sostenible
Para la organización sindical, “turismo sostenible y masificación turística son conceptos incompatibles”, ya que los beneficios de esta actividad “están perdiendo peso respecto de sus impactos negativos, especialmente por lo que se refiere a los efectos sobre la vivienda”.
Pese a ello, CCOO defiende que aún se está “a tiempo de reordenar el modelo y la oferta turística” y de utilizar la inversión del DORA III para abordar la renovación sostenible de infraestructuras en aeropuertos con menor tráfico, “evitando perpetuar desequilibrios históricos que impiden la cohesión social y territorial”.
El sindicato además “echa de menos” que el plan quinquenal no incorpore “una mayor visión hacia el factor humano”, es decir, hacia la profesionalización y las condiciones laborales de las plantillas de los aeropuertos “como eje vertebrador de la inversión en mejora de la infraestructura aeroportuaria”.
Por estas razones, CCOO juzga que la decisión de ampliar aeropuertos contemplada en el DORA III es de “un gran calado”, ya que, a su entender, perjudica los objetivos de reducción de emisiones y de descarbonización del modelo productivo y contribuye indirectamente al incremento, ya insoportable, de los precios de la vivienda en zonas turísticas saturadas. Por ello, reclama que “no puede tomarse sin un amplio debate social y político que redefina el plan con la imprescindible participación de los agentes sociales”.