El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado la caída del decreto ley de “escudo social” tras su rechazo en el Congreso por 177 votos en contra de Partido Popular, Vox y Junts, una decisión que, entre otras consecuencias, permitirá reactivar hasta 70.000 desahucios que habrían permanecido suspendidos entre abril de 2020 y diciembre de 2025.
Desde la organización sindical han advertido en un comunicado de que, a esa reactivación de procedimientos de desalojo, se suman los alrededor de 27.500 lanzamientos que se registran cada año.
Con el fin del “escudo social” también se da por concluido el bono social eléctrico y el mecanismo de garantía de suministros básicos, se renuncia al control de determinados precios y se dejan sin efecto medidas relevantes de financiación local y de fiscalidad verde.
Ante este escenario, CCOO ha reclamado al Gobierno y a las fuerzas políticas que alcancen de inmediato acuerdos que impidan que ninguna familia vulnerable sea expulsada de su vivienda sin una alternativa habitacional digna y que se asegure el acceso a los suministros esenciales del hogar.
Una jornada parlamentaria con sabor “más que agridulce”
El sindicato ha calificado la jornada parlamentaria de este jueves de terminar con un sabor “más que agridulce”, al haberse despejado las incógnitas sobre la Seguridad Social gracias a la convalidación del decreto de revalorización de pensiones y de las ayudas a las víctimas del accidente ferroviario, mientras se deja “a su suerte” a miles de personas vulnerables y a millones de consumidores en situación de mayor fragilidad ante emergencias de precios.
CCOO ha criticado los argumentos utilizados para rechazar la prórroga de la prohibición de desahucios a familias vulnerables, construidos sobre un supuesto aumento exponencial de la ocupación de vivienda habitual.
Frente a este relato, el sindicato ha señalado que las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dibujan un panorama diferente: los delitos de usurpación o allanamiento de morada han pasado de 17.500 en 2017 a 16.000 en 2024, de los que 1.600 corresponden a viviendas habituales.
En la misma línea, las condenas se han reducido de 6.700 a 3.300 en ese periodo. Para CCOO, no se aprecia el incremento denunciado, sobre todo si se compara con el parque total de viviendas en España, cifrado en 26,8 millones, de las que 19,3 millones son habituales.
Según el sindicato, las cifras evidencian que las administraciones públicas no estaban cumpliendo de forma adecuada su obligación de realojar a las familias vulnerables: solo se estaba garantizando una alternativa en el 5 % de los casos.
CCOO también subraya que el mecanismo de compensación a propietarios por rentas no percibidas apenas ha funcionado: de 6.400 solicitudes presentadas, en su mayoría de pequeños propietarios, únicamente 2.850 han sido reconocidas, permaneciendo miles de expedientes en tramitación.
Respecto al bono social eléctrico, el sindicato ha advertido de que su no aprobación implicará un “duro golpe” para los hogares más vulnerables que podían acogerse a esta ayuda y ha avisado de que se generarán tensiones contables “relevantes” en la tesorería de las administraciones locales y autonómicas, lo que dificultará garantizar servicios públicos esenciales y el pago a proveedores al quedar sin convalidar las medidas de financiación local y autonómica.
Además, la caída del “escudo social” detiene el impulso a la rehabilitación energética, a la movilidad sostenible y debilita los instrumentos fiscales diseñados para proteger a hogares, trabajadores y empresas en contextos de especial dificultad económica y climática.