Desde el Área Pública de CCOO se augura que las opiniones preliminares del Abogado General del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) referentes a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo acerca de la temporalidad en el ámbito público, podrían resultar ‘muy posiblemente demoledoras para España’. Estas opiniones, que se darán a conocer mañana y formarán parte de una sentencia prevista para la primavera de 2026, han causado gran alarma en el Gobierno de España, que ha anunciado una reforma del Estatuto Básico del Empleado Público sin previa consulta a los sindicatos, lo que ha sido interpretado como una culpabilización al personal interino, independientemente de si su contratación ha sido fraudulenta o no, del fracaso en reducir la elevada temporalidad en el empleo público.
CCOO ha criticado la propuesta del Ministerio de Función Pública de limitar a dos años el tiempo máximo que una persona interina puede ocupar un puesto en la administración pública, con una prohibición de ser recontratada durante los seis meses siguientes a su cese, describiéndola como potencialmente ‘un perjuicio irreparable para la persona y para los servicios públicos’. Además, el sindicato ha expresado su preocupación por el ‘caos e incapacidad organizativa’ que podría generarse en diversas áreas de la administración pública, especialmente en los servicios autonómicos de sanidad, educación, servicios sociales, justicia o atención al público.
CCOO también ha señalado la improbabilidad de que las comunidades autónomas acepten una reforma que consideran ‘como mínimo descabellada’, pese a ser estas y los municipios los principales responsables de la alta temporalidad en España. Coincidiendo con una manifestación convocada por plataformas de interinos frente al Congreso, el sindicato ha pedido a las administraciones públicas que actúen con responsabilidad para acabar con la temporalidad en el sector público.
‘CCOO apoya la lucha por la estabilidad en el empleo de las personas interinas, aunque considera que las posibles soluciones deben respetar el marco constitucional de acceso al empleo público, entre otras cosas, porque es lo que da seguridad jurídica a la solución de estabilización, como viene marcando la jurisprudencia nacional’, ha declarado el sindicato. Finalmente, CCOO ha instado al Gobierno central y a las comunidades autónomas a cumplir con los acuerdos de reducción de la temporalidad firmados en 2018 y 2021, señalando la falta de exigencia de responsabilidades y la no eliminación de las limitaciones de tasa de reposición como causas principales de la persistencia de altas tasas de temporalidad en el empleo público.