CCOO ha rubricado este viernes en la sede del Ministerio de Función Pública el acuerdo para mejorar las condiciones laborales del personal funcionario, un pacto que contempla un incremento retributivo del 11% para los casi 3,5 millones de empleados públicos durante el periodo 2025-2028.
El texto fue cerrado el pasado 27 de noviembre entre el Ministerio y las organizaciones sindicales UGT y CSIF, aunque en ese momento CCOO optó por no estampar su firma y se dio un margen para analizar el contenido. Tras ese proceso interno, el Consejo Confederal de CCOO, su máximo órgano entre congresos, decidió respaldar el acuerdo y el sindicato ha procedido hoy a formalizar su adhesión.
El documento ha sido firmado por el coordinador general del Área Pública de CCOO, Lucho Palazzo, en un acto celebrado en el Ministerio y en el que ha estado presente la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo.
Tras la firma, Palazzo ha valorado el alcance del pacto: “Es un acuerdo que mejora sustancialmente las condiciones tanto retributivas como de empleo y de derechos de los empleados públicos de este país y mejora el servicio a la ciudadanía, unos servicios públicos que necesitan ser reforzados y que sin duda este acuerdo y la implementación del mismo va a ayudar a ese objetivo”.
El dirigente sindical ha subrayado que el texto incorpora avances significativos en materia de empleo y de derechos laborales. Según ha indicado, “las propuestas que hemos hecho desde CCOO han sido aceptadas en más de un 80% y queremos mantener nuestro compromiso con la clase trabajadora para decirles que negociamos acuerdos para mejorar sus derechos y su salario”.
Al mismo tiempo, Palazzo ha lanzado un mensaje de vigilancia al Ejecutivo, dejando claro que CCOO supervisará la aplicación efectiva de todos los compromisos asumidos en el acuerdo.
El pacto suscrito por los tres sindicatos con los que ha negociado el Gobierno recoge una subida salarial global del 11% entre 2025 y 2028. La mejora retributiva se articula en varios tramos: un 2,5% para este año; un 1,5% en 2026, con un 0,5% adicional ligado a la evolución del IPC; un 4,5% en 2027 y un 2% en 2028.
El incremento del 2,5% correspondiente a este año se abonará en la nómina de este mes, en un único pago, con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Para 2026 se prevé un aumento fijo del 1,5%, al que se sumará un 0,5% extra si la inflación al cierre del ejercicio iguala o supera ese 1,5%.
En caso de cumplirse esa condición, el 0,5% adicional se pagará en el primer trimestre de 2027, también con efectos retroactivos desde el inicio de 2026.
Para hacer posible la subida de este año, el Gobierno aprobó el pasado martes un Real Decreto-ley que habilita el abono del 2,5% para los funcionarios con efectos desde el 1 de enero. Esta misma norma, en vigor desde el miércoles, establece asimismo que las retribuciones del personal empleado público se actualicen desde el 1 de enero de 2026 en un 1,5%.
De este modo, el Real Decreto-ley fija los elementos imprescindibles para aplicar, por un lado, el incremento salarial del personal al servicio del sector público en 2025, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de ese año, y, por otro, la subida retributiva de 2026, con efectos también desde el 1 de enero.
Para 2025 se contempla una subida consolidable del 2,5% sobre las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2024, incluyendo las previsiones necesarias para que este aumento pueda hacerse efectivo ya durante el presente ejercicio.
Este incremento afecta al conjunto del personal de todas las administraciones públicas, es decir, a casi 3,5 millones de empleados públicos en España, si bien el Real Decreto-ley detalla específicamente la forma de pago para los funcionarios de la Administración General del Estado.
Cada comunidad autónoma y cada entidad local deberá acordar en su ámbito la fórmula de abono de la subida del 3,5%. En el caso de la Administración General del Estado, el alza del 2,5% se ingresará este mismo mes en un único pago.
Una paga adicional en diciembre para 540.000 empleados de la Administración General del Estado
En el sector público estatal, la subida correspondiente a 2025 se materializará en diciembre, cuando se abonarán como atrasos las cantidades devengadas desde enero de 2025.
Esta paga extraordinaria y única llegará a 540.000 trabajadores del sector público estatal. A modo orientativo, para un salario medio de 3.300 euros brutos mensuales, en diciembre se percibirá una nómina adicional por atrasos de 2025 cercana a los 1.140 euros.
El resto de administraciones (autonómicas y locales) determinarán en sus mesas de negociación el calendario de pago de los importes y atrasos relativos a 2025. Ese abono podrá fraccionarse entre los ejercicios 2026, 2027 y 2028, o concentrarse en un único pago en diciembre de 2025.
Para 2026, el Real Decreto-ley fija un incremento consolidable del 1,5% sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2025, con efectos desde el 1 de enero de 2026. Esto implica que, entre la nómina de diciembre de este año y la de enero del próximo, las remuneraciones habrán aumentado un 4%. Además, se prevé otro incremento consolidable del 0,5% si la variación del IPC en 2026 es igual o superior al 1,5%.
Aunque el acuerdo establece formalmente una subida del 11% para el periodo 2025-2028, las organizaciones sindicales calculan que, por el efecto acumulado de los incrementos anuales, la mejora salarial efectiva para los empleados públicos podría situarse en torno al 11,5% al término de los cuatro años.