CCOO ha comunicado este viernes su decisión de interponer una queja oficial frente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el sesgo ideológico y misógino detectado en la resolución del juzgado número de Barcelona, que rechazó la demanda interpuesta por Just Eat contra Glovo.
El sindicato también ha pedido a la Generalitat de Cataluña que, en uso de sus atribuciones, presente una queja similar ante el CGPJ para proteger a las inspectoras de trabajo que participaron en el juicio, siguiendo el ejemplo del Ministerio de Trabajo, que ya ha solicitado al poder judicial que considere la implementación de acciones disciplinarias contra el magistrado Álvaro Lobato, autor de la sentencia.
En un comunicado, CCOO ha criticado el marcado sesgo ideológico y misógino del fallo emitido por este juez y ha enfatizado que, aunque la sentencia desestima la demanda millonaria de Just Eat, lo preocupante no es el resultado, sino que acepta sin cuestionamiento las posiciones de Glovo, sustituyendo el análisis legal por un discurso ideológico alejado de los principios del Derecho.
La resolución firmada por el magistrado Álvaro Lobato presenta graves carencias jurídicas y evidencia un preocupante sesgo ideológico y misógino. Además, en lugar de apoyarse en el marco normativo vigente y en la doctrina consolidada, sustituye los fundamentos legales por una exposición ideológica que ya ha manifestado a través de tribunas publicadas en los últimos meses, señala el sindicato.
Además, CCOO acusa al juez de despreciar abiertamente los mecanismos de representación colectiva y su legitimidad constitucional; ignora deliberadamente los marcos normativos laborales y atenta contra los principios de igualdad, especialmente al emitir juicios despectivos y discriminatorios hacia inspectoras de trabajo por razón de género.
Según el sindicato liderado por Unai Sordo, la sentencia cuestiona el modelo laboral de los llamados riders, la legislación y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y la función garantista de la normativa laboral.
El fallo también desacredita los informes y testimonios de las inspectoras de trabajo a pesar de su solvencia técnica, con valoraciones subjetivas que restan legitimidad a la función inspectora y favorecen la posición empresarial. De esta manera, el sindicato argumenta que se ignora el valor probatorio reforzado que la ley otorga a las actas de la Inspección de Trabajo en materia de calificación de relaciones laborales.
CCOO también denuncia el violento ataque a las inspectoras de trabajo que testificaron en el juicio, cuestionando su autoridad y objetividad por razones ajenas al fondo del asunto.
La falta de respeto institucional hacia las inspectoras podría constituir una vulneración de los principios de igualdad y no discriminación (…). Es urgente identificar y corregir cualquier manifestación de sesgo ideológico o discriminación de género en el ámbito judicial, y garantizar el respeto y la dignidad profesional de todas las personas que defienden los derechos laborales, concluye CCOO.