El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) trasladará al Gobierno, en el marco de las conversaciones abiertas con el Ministerio de Seguridad Social, su propuesta de que las mutuas pasen a tener naturaleza pública y queden plenamente incorporadas a la estructura de la Seguridad Social, con el fin de reforzar el control de la Incapacidad Temporal (IT) y evitar cualquier "conflicto de interés".
Esta iniciativa figura entre las medidas centrales del informe “Ni un día menos. El derecho a la salud y recuperación de las personas trabajadoras”, centrado en la IT y sus prestaciones, presentado este jueves por el secretario confederal de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, y el responsable de Salud Laboral y Medio Ambiente, Mariano Sanz.
La propuesta sindical se plantea como alternativa a la opción de otorgar a las mutuas la capacidad de gestionar las altas y bajas médicas por contingencias comunes, y no solo las derivadas de contingencias profesionales, ámbito en el que ya ejercen sus competencias.
Para CCOO, la supervisión de la incapacidad temporal debe ser "pública" para no generar un "conflicto de interés", algo que, a su juicio, ocurriría si las mutuas asumieran el control de las altas y bajas en enfermedades comunes, dado que son entidades privadas y sus decisiones responden a los criterios fijados por una junta directiva integrada por empresas.
“Si se quiere utilizar a las mutuas como un mecanismo adicional de refuerzo del sistema público, que sean públicas”, ha reivindicado Bravo durante la rueda de prensa de presentación del documento.
Bravo ha recordado que las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social se configuran jurídicamente como asociaciones de empresarios, por lo que son privadas y su junta directiva, que marca las líneas de actuación, está formada por las compañías asociadas.
Al mismo tiempo, ha subrayado que están sometidas a regulación y control administrativo, se financian íntegramente con cotizaciones a la Seguridad Social y su actividad se limita a la gestión de prestaciones sanitarias y económicas vinculadas a la Seguridad Social.
"No tiene sentido que sigan teniendo naturaleza jurídica privada", ha expuesto Bravo, que ha defendido que el elemento esencial de esta "publificación" es que las juntas directivas y la gerencia de las mutuas pasen a ser nombradas desde el ámbito de la Seguridad Social.
"Seguirían estando igual que hoy lo están, bajo la dirección y supervisión y control de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, su publificación lo que significa es que su dirección, su línea gerencial, sus juntas directivas las designaría la Seguridad Social. Ese es el gran cambio que tiene", ha apuntado.
A su juicio, esta transformación también aportaría mayor seguridad a los 22.000 empleados de las mutuas, que actualmente se encuentran en "tierra de nadie", ya que no forman parte del personal público, pero soportan las limitaciones propias del sector público en reposición de efectivos o en su sometimiento a la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Bravo ha añadido que, a partir de esa modificación de naturaleza jurídica, correspondería al Gobierno concretar el modelo de mutuas, que podría mantenerse como hasta ahora, con una organización fundamentalmente territorial, o evolucionar hacia un esquema basado en sectores de actividad, como ocurre en otros países.
CCOO llevará la propuesta a la mesa con Seguridad Social
En esta línea, Bravo ha adelantado que presentarán formalmente esta propuesta al Ministerio de Seguridad Social "en próximas fechas", cuando se reanuden las negociaciones que quedaron paralizadas por la ausencia de avances en algunos compromisos ya acordados y que, según ha indicado, están "vías" de resolverse.
Entre esos asuntos, ha señalado que desde el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ya se están emitiendo instrucciones para corregir la interpretación errónea y la falta de aplicación de lo pactado en 2021 sobre los coeficientes reductores de la jubilación anticipada, de modo que se recalcularán todas las pensiones generadas desde el 1 de enero hasta la actualidad para ajustarlas al impacto de la pandemia de la Covid-19.
Asimismo, ha indicado que se han producido avances con la Seguridad Social en lo relativo a las condiciones de acceso a la jubilación parcial en la Administración, si bien ha admitido que este cambio exige la aprobación de una norma con rango de ley.
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