CCOO ha valorado este viernes el nuevo paquete de 80 medidas aprobado por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Irán, que prevé movilizar 5.000 millones de euros, aunque lamenta que no se haya recuperado el impuesto extraordinario a las compañías energéticas que dejó de aplicarse en 2024, así como otras “herramientas” que, a su juicio, reforzarían la eficacia del plan anunciado por el presidente, Pedro Sánchez.
El sindicato, que asume las limitaciones derivadas de la actual aritmética parlamentaria, recuerda que los dos decretos convalidados por el Ejecutivo —uno centrado en medidas fiscales y económicas en el ámbito energético y para los sectores productivos más golpeados por la guerra, y otro orientado a la congelación de los precios del alquiler— deberán superar el trámite del Congreso.
La organización encabezada por Unai Sordo insiste en que las rebajas fiscales sobre carburantes y electricidad incluidas en el plan anticrisis deben trasladarse de forma efectiva a los consumidores, de modo que se note un alivio real en la economía doméstica de los hogares.
En el terreno laboral, CCOO valora muy positivamente que las empresas que reciban ayudas públicas tengan vetado el despido por causas objetivas y considera igualmente “acertado” que el Gobierno haya optado por prorrogar el bono social eléctrico, reforzar el bono térmico para los colectivos más vulnerables y mantener la prohibición de cortes en suministros básicos como la luz, el agua o el gas.
El sindicato también celebra el refuerzo del control sobre los márgenes empresariales en el suministro de combustibles y, en esta línea, defiende la necesidad de reimplantar el impuesto extraordinario a las energéticas que expiró a finales de 2024.
Cualquier incentivo fiscal "debe ser controlado"
De acuerdo con CCOO, la experiencia reciente ha puesto de manifiesto que cualquier incentivo fiscal destinado a contener los precios de la energía “debe ser controlado para asegurar que cumple su objetivo y no incrementa los márgenes empresariales”.
Por este motivo, la central sindical reclama la introducción de mecanismos específicos de control de precios que impidan prácticas abusivas en la fijación de tarifas por parte de las empresas.
Además, considera imprescindible complementar el plan con medidas más precisas dirigidas a los colectivos con mayores dificultades. En este sentido, juzga que el paquete actual resulta “insuficiente” para dar una respuesta justa y estructural al nuevo 'shock' inflacionario.
CCOO echa en falta, en particular, la puesta en marcha de un sistema de control dinámico de precios, sobre todo en carburantes, con el fin de frenar subidas especulativas y amortiguar los picos inflacionistas asociados al encarecimiento de la energía.
Según su propuesta, este control debería vincular los precios de mercado a la media de los últimos 30 días de los principales índices europeos de futuros de gasolina y diésel, ajustando los márgenes de beneficio a los costes reales de la cadena del petróleo.
Pide la gratuidad del transporte público
El sindicato plantea igualmente la gratuidad del transporte público, junto con medidas fiscales y transferencias directas orientadas a los colectivos más vulnerables, para proteger a las rentas más bajas frente al encarecimiento del coste de la vida de una forma más equitativa.
Estas ayudas, precisa la organización, podrían articularse mediante devoluciones en el IRPF de entre 200 y 300 euros para personas con ingresos inferiores a 23.000 euros.
Asimismo, sostiene que los beneficiarios del IMV o de prestaciones por desempleo deberían percibir apoyos directos vinculados a las cuantías que ya reciben.
“En definitiva, aunque las medidas del Gobierno suponen un paso en la buena dirección para contener los efectos más inmediatos de la crisis, resulta necesario reforzarlas con políticas más ambiciosas, selectivas y orientadas a proteger a la mayoría social, evitando que, una vez más, el coste de la inflación recaiga sobre las personas trabajadoras”, sostiene el sindicato.
Vivienda y protección a inquilinos
En relación con el decreto de vivienda, CCOO subraya que, pese a las dificultades existentes para que obtenga el respaldo del Parlamento, es “urgente” su aprobación para los hogares en régimen de alquiler, “que actualmente se encuentran entre los colectivos con mayores dificultades para llegar a fin de mes”.
“Estos hogares no podrían asumir una nueva crisis inflacionista que, además del aumento del coste de la vida, implique renegociaciones de contratos con subidas que pueden superar ampliamente los dos dígitos. Por ello, mientras dure la crisis inflacionista, es necesario prorrogar los contratos que venzan en este ejercicio”, concluye el sindicato.