Comisiones Obreras (CCOO) ha reiterado que el Real Decreto-ley 8/2026, que contempla la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler que concluyan entre 2026 y 2027, es “jurídicamente viable” y ha instado a los inquilinos a acogerse a esta opción, incluso ante la posibilidad de que determinados propietarios o fondos de inversión promuevan litigios para tratar de frenar su aplicación.
El Real Decreto-ley de prórroga extraordinaria de los alquileres, aprobado por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias del conflicto bélico de Irán, permite extender hasta dos años los contratos de arrendamiento de vivienda habitual que venzan entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, manteniendo las mismas condiciones pactadas.
Para el sindicato, esta decisión se enmarca en un escenario de fuerte encarecimiento de los alquileres, que en algunos casos llega al 40%, expulsando a miles de familias de sus casas. Por ello, considera que se trata de una actuación “legítima” para salvaguardar el derecho a la vivienda frente a comportamientos especulativos, incluso asumiendo un contexto de posible litigiosidad.
CCOO subraya que el decreto ley no configura “una opción negociada, sino de un derecho subjetivo de carácter legal, ejercitable de forma unilateral por la persona arrendataria y de obligado cumplimiento para la parte arrendadora, salvo en supuestos muy tasados”.
En consecuencia, basta con que la persona inquilina notifique de forma fehaciente, por ejemplo mediante burofax, su decisión de acogerse a la prórroga para que se desplieguen sus efectos jurídicos.
Desde la organización sindical recalcan que este derecho está plenamente operativo desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley y puede hacerse valer sin aguardar a su convalidación parlamentaria. De este modo, las solicitudes cursadas durante este periodo son actos jurídicos válidos y eficaces, que otorgan a los inquilinos una posición sólida y defendible.
Aunque CCOO admite que la puesta en marcha de esta medida puede derivar en pleitos promovidos por algunos propietarios o fondos, especialmente porque el decreto ley podría decaer en su convalidación en el Congreso si no reúne los apoyos necesarios, ha reclamado que este escenario no desanime a los arrendatarios a ejercer su derecho y a solicitar la prórroga.
En esta línea, el sindicato ha señalado que los posibles procedimientos judiciales podrían alargarse en el tiempo, lo que, en la práctica, facilitaría que las personas inquilinas permanezcan en sus viviendas mientras se sustancian y resuelven dichos litigios.