El sindicato CCOO ha señalado que el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, aprobado por el Consejo de Ministros, introduce mejoras en materia de derechos, pero continúa siendo "insuficiente" para asegurar el "acceso real" a una vivienda digna para la ciudadanía.
La nueva normativa entrará en vigor una vez se publique en el BOE, aplicándose con carácter retroactivo desde el 1 de enero, y dispondrá de un presupuesto total de 7.000 millones de euros. De esa cantidad, el Estado asumirá 4.200 millones, mientras que las comunidades autónomas completarán la financiación con los 2.800 millones restantes.
Desde la organización sindical se ha puesto en valor la incorporación de varias de sus propuestas, subrayando especialmente el "blindaje del parque protegido de vivienda", que implica que solo se sufragarán aquellas promociones que garanticen la "permanencia indefinida" de su calificación protegida.
Pese a ello, CCOO ha recalcado que la dotación económica prevista es "claramente insuficiente" y ha instado a elevar la inversión pública hasta el 1% del PIB anual, lo que conllevaría aumentar los recursos hasta los 16.000 millones de euros.
El Plan contempla además la creación de un sistema homogéneo de información para que las comunidades autónomas puedan recopilar datos procedentes de los registros de fianzas, evitando así depender de estadísticas de "portales inmobiliarios con intereses en el sector".
Igualmente, se dará prioridad en el reparto de fondos a las autonomías que apliquen la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda, en particular en lo referente a la declaración de zonas tensionadas en el mercado residencial.
Entre los cambios introducidos, el sindicato ha resaltado el refuerzo de las "cooperativas en cesión" de uso como fórmula "no especulativa" y la articulación de la política de vivienda con otros ámbitos sociales, como la lucha contra la pobreza energética.
Por último, CCOO ha defendido que el Plan debe ir acompañado de un marco legislativo adicional que "limite los precios del alquiler" y la compra con fines puramente especulativos, con el objetivo de garantizar que las medidas aprobadas tengan una eficacia real.