Los sindicatos CCOO y UGT han reclamado al Gobierno “información detallada” sobre el alcance de las transferencias de Seguridad Social a Euskadi y han censurado que la decisión se haya tomado sin trasladarla previamente a los agentes sociales.
En una nota conjunta, ambas organizaciones han exigido que los interlocutores sociales conozcan el contenido del pacto cerrado con el Gobierno de Euskadi para “poder contrastarlo y garantizar que resulta plenamente coherente con el marco competencial y con el principio de unidad de caja de nuestro sistema de Seguridad Social”.
Según explican, el acuerdo anunciado este viernes incorpora “elementos singulares”, entre ellos la cesión completa del Seguro Escolar —incluida la recaudación y la gestión económica en su conjunto—, mientras que el resto de prestaciones asistenciales y contributivas por desempleo continúan bajo la Tesorería General de la Seguridad Social.
A su juicio, este diseño “resulta determinante a efectos de mantenimiento” de la caja única de la Seguridad Social y condiciona el impacto que este tipo de pactos tiene “con el concepto de caja única derivado de la distribución competencial constitucional y la doctrina del Tribunal Constitucional, para garantizar la igualdad en el acceso a las prestaciones, la titularidad estatal de los recursos y el funcionamiento económico uniforme del sistema de Seguridad Social”.
Tras subrayar que se trata de un ámbito “especialmente sensible y de gran trascendencia social”, CCOO y UGT sostienen que un mayor “intercambio de información” y “un tratamiento compartido” ayudaría a “reforzar la confianza y mejorar la calidad y el consenso”.
Una competencia estatal
“Somos conscientes de la atribución de competencias que establece nuestra Constitución y que, desde su aprobación, se ha configurado un país fuertemente descentralizado, con un diseño que compartimos y se basa en el autogobierno de importantes competencias”, remarcan los sindicatos.
No obstante, inciden en que la Seguridad Social es una competencia estatal, lo que supone que es “materia reservada del Estado la regulación y financiación, el control del flujo de ingresos, pagos, devoluciones, la titularidad centralizada de los recursos y la función de Tesorería, así como los criterios de aplicación de la normativa estatal reguladora de la Seguridad Social”.
Recuerdan además que todas las comunidades autónomas “ya gestionan las pensiones no contributivas”, con una “valoración muy dispar en cuanto a las condiciones de acceso a esa red de protección”. Añaden que Euskadi y Navarra ya tienen asumida la gestión del Ingreso Mínimo Vital, una competencia que puede ampliarse a otras autonomías, como Cataluña, que ha iniciado el proceso negociador.
El Gobierno central y el Ejecutivo vasco han formalizado en Madrid el traspaso de cinco competencias, entre ellas las prestaciones por desempleo, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, Salvamento Marítimo, el Seguro Escolar y el Centro de Verificación de Maquinaria de Baracaldo (Vizcaya). Asimismo, Euskadi asumirá las funciones de Salvamento Marítimo a partir del 1 de octubre de este año.