CCOO y UGT han manifestado este martes su “más profunda preocupación” y su rechazo al dictamen del Consejo de Estado contrario al proyecto de Real Decreto de reforma del registro de jornada, al considerar que el informe del órgano consultivo “introduce serias dudas y obstáculos en un ámbito donde lo verdaderamente urgente no es cuestionar la norma, sino garantizar el cumplimiento efectivo de la ley”.
Por ello, pese al pronunciamiento desfavorable del Consejo de Estado, ambas centrales reclaman al Ejecutivo que no frene la reforma del control horario y que continúe con su tramitación, “reforzando sus garantías y asegurando su eficacia real”.
En un comunicado conjunto, los sindicatos advierten de que “El Gobierno no puede ampararse en un informe no vinculante para incumplir los compromisos adquiridos en el marco del diálogo social ni para renunciar a su obligación de garantizar un sistema de registro que sea verdaderamente objetivo, fiable, accesible y no manipulable. Está en juego el respeto a los derechos de 16,6 millones de personas trabajadoras y la propia equidad del sistema económico”.
Igualmente, sostienen que la modificación del registro de jornada es “imprescindible” para garantizar una competencia justa entre los 1,34 millones de empresas españolas. “Las empresas que cumplen la ley no pueden verse perjudicadas frente a aquellas que basan su competitividad en el incumplimiento sistemático de las normas laborales”, subrayan.
El dictamen del Consejo de Estado, al que ha tenido acceso Europa Press, cuestiona tanto la tramitación de urgencia como el uso del Real Decreto para aprobar esta reforma, alegando que un proyecto normativo “en el que se trata de imponer un registro digital de modelo único para todas las empresas de España”, es decir, 1.349.396 empresas, “requiere una más amplia tramitación”.
En su análisis del dictamen, CCOO y UGT recuerdan que el fraude en el tiempo de trabajo en España es “estructural”, ya que cuatro de cada diez horas extraordinarias no se abonan ni se compensan (alrededor de 130 millones de horas extraordinarias anuales), lo que supone un ahorro “ilícito” para las empresas superior a 3.200 millones de euros al año.
“Este volumen de incumplimiento constituye un auténtico hurto a las personas trabajadoras, pero también a la caja única de la Seguridad Social -por cotizaciones no ingresadas- y a la Hacienda Pública, al dejar de tributar salarios que deberían formar parte de la base imponible. Este fenómeno no es nuevo ni desconocido”, denuncian las organizaciones sindicales.
Ambas centrales remarcan que, aunque el Consejo de Estado admite la existencia de incumplimientos “masivos” en materia de jornada y horas extraordinarias y su efecto en la precarización del empleo y en la financiación del sistema de protección social, su dictamen “parece desviar el foco de lo esencial”.
“Lo que debería preocuparle no es el instrumento, sino el incumplimiento de la ley. Resulta incomprensible que, ante un fraude de esta magnitud, se introduzcan cautelas que pueden terminar amparando zonas de impunidad, cuando el sistema actual de registro horario ha demostrado ser claramente insuficiente y, en buena medida, fracasado”, sostienen.
Críticas al enfoque sobre protección de datos
CCOO y UGT recuerdan que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha establecido que los sistemas de control horario deben ser “objetivos, fiables y accesibles”. “Y, sin embargo, el modelo vigente en España no cumple plenamente estos requisitos, lo que ha motivado ya reproches desde instancias europeas”, alegan.
Precisamente, señalan que el proyecto de Real Decreto buscaba avanzar en esa línea, reforzando la trazabilidad y evitando que los registros pudieran ser manipulados.
A los sindicatos les resulta “especialmente llamativo el celo del Consejo de Estado en materia de protección de datos”. El dictamen incorpora un informe desfavorable de la Agencia Española de Protección de Datos, que considera que no se respetan las exigencias derivadas de la reserva de ley en este ámbito.
Para CCOO y UGT, la preocupación por la privacidad “parece, en este caso, invertida”. “No se protege a las personas trabajadoras, sino que se corre el riesgo de proteger la identidad de las empresas incumplidoras, dificultando el acceso efectivo de la Inspección de Trabajo a los registros de jornada”, alertan.
En esta línea, apuntan que, llevado al extremo este planteamiento, “cabría preguntarse si también debería limitarse el acceso de la Inspección de Hacienda a la contabilidad empresarial, en nombre de la protección de datos, impidiendo conocer los ingresos reales o las bases imponibles”.
“El paralelismo evidencia el absurdo: no puede utilizarse la protección de datos como coartada para obstaculizar el control del cumplimiento de la ley”, remarcan las organizaciones sindicales.
Además, consideran “profundamente preocupante” que se remitan estas cuestiones a ámbitos ajenos al núcleo de las normas laborales básicas, “como si el cumplimiento de la legalidad -el respeto a la jornada máxima, el pago de las horas extraordinarias o su cotización- fuera negociable”.
“¿De verdad considera el Consejo de Estado que derechos esenciales como el pago del salario o el cumplimiento de la jornada pueden quedar al albur de la negociación? La negociación colectiva es un instrumento fundamental, pero no puede sustituir ni relativizar el respeto de normas imperativas básicas”, concluyen.