El secretario confederal de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, Javier Pacheco, y el vicesecretario general de UGT, Fernando Luján, han detallado las iniciativas que orientarán la estrategia sindical en los próximos meses. Entre las medidas planteadas figuran restringir el uso del contrato a tiempo parcial, exigir una justificación “rigurosa” del despido durante el periodo de prueba para contener su aumento y reforzar el carácter disuasorio del despido, con indemnizaciones que, según defienden, deberían partir de 45 días por año cotizado y ser en todo caso verdaderamente “resarcitorias”.
Estas propuestas se han dado a conocer este martes en una rueda de prensa en la que ambas organizaciones han presentado una ‘Propuesta sindical unitaria’ centrada en cuatro grandes ejes de reforma: la vivienda, el régimen del despido, la contratación a tiempo parcial para limitar su abuso y el fortalecimiento del diálogo social y la negociación colectiva.
Los dos dirigentes han avanzado que impulsarán una modificación del despido improcedente que trasladarán a la mesa de diálogo social con el Ministerio de Trabajo, incorporando reivindicaciones que ya venían defendiendo en los últimos meses.
Entre los cambios que reclaman se encuentra la recuperación de los salarios de tramitación, suprimidos con la reforma laboral de 2012, que, tal y como ha recordado Luján, se aprobó “a espaldas” y “en contra” del diálogo social. También apuestan por diseñar un esquema de despido con un efecto disuasorio claro, de forma que “no merezca la pena despedir” y se cumpla así con la Carta Social Europea firmada por España.
En este contexto, Luján ha defendido que las indemnizaciones por despido improcedente deberían volver a partir de 45 días por año trabajado, frente a los 33 días que rigen en la actualidad. No obstante, UGT y CCOO han evitado fijar en su documento una cifra cerrada de días para la indemnización, al considerar, en línea con el Comité Europeo de Derechos Sociales, que los sistemas tasados pueden no compensar de forma íntegra los perjuicios sufridos y que, por tanto, debe prevalecer el principio de que sean disuasorias y reparadoras.
Pacheco ha subrayado que “el bloque del conjunto de las propuestas que planteamos para trasladar los compromisos que este país ha establecido con la Unión Europea va mucho más allá de si al final la fijación máxima que acabemos negociando en el marco del diálogo social acaba en 45 días o en 42 días, sino que constituye la conformación de un modelo que evidentemente le dice al empresario que si tienes un problema, tienes mecanismos internos en el Estatuto de los Trabajadores para poderlos resarcir, la pandemia como ejemplo paradigmático, y, en todo caso, si tienes que utilizar esas figuras, tienes que tener en cuenta que los trabajadores y las trabajadoras tienen que tener un marco de protección”.
En todo caso, CCOO y UGT sí plantean en su propuesta que se establezcan indemnizaciones mínimas por despido improcedente acordes con los estándares europeos. Luján ha citado como referencia los casos de Italia y Francia, donde las compensaciones están fijadas en seis y tres meses, respectivamente.
Dentro del bloque relativo al despido, los sindicatos también reclaman “causalizar” el despido en periodo de prueba, exigiendo una motivación rigurosa de las causas, ante el aumento de ceses en esta fase sin explicación. En esta línea, han recordado que el Gobierno tiene pendiente transponer una directiva europea sobre condiciones de trabajo previsibles en la que se aborda esta cuestión.
Asimismo, CCOO y UGT propondrán reforzar el papel de la autoridad laboral en los despidos colectivos y en los improcedentes. En estos últimos, defienden que el derecho a la readmisión cuando así lo determine un juzgado corresponda a la persona trabajadora y no quede en manos de la empresa.
El contrato a tiempo parcial deberá justificarse
En paralelo, las centrales sindicales abogan por incrementar el control sobre el contrato a tiempo parcial, de forma que el contrato indefinido a jornada completa se convierta en la modalidad de “referencia” y que la utilización del tiempo parcial tenga que justificarse como una situación excepcional.
Además de reforzar las causas que permiten recurrir a esta modalidad, CCOO y UGT consideran imprescindible pactar las horas complementarias, de modo que el empresario no pueda utilizarlas de forma unilateral para alargar de facto una jornada parcial. Reclaman también un criterio claro de preaviso y de cancelación si finalmente el trabajador se ve obligado a modificar las horas extraordinarias inicialmente acordadas.
Pacheco ha explicado que “planteamos la consolidación de las horas complementarias utilizadas de manera ordinaria, con dos fórmulas, utilizando la más beneficiosa para el trabajador en nuestra propuesta: o el 80% de jornadas complementarias medias que se hayan utilizado en el año anterior o el 100% de las horas complementarias de jornada media que se hubieran utilizado en los dos ejercicios anteriores. ¿Qué queremos con esta idea? Que si un empresario, de manera recurrente, está utilizando una ampliación de jornada disponible, vaya consolidando esa jornada en el contrato del trabajador”.
Junto a ello, la propuesta sindical incluye otorgar prioridad a los empleados con contrato a tiempo parcial para cubrir las vacantes que surjan en la empresa a jornada completa, de forma que puedan ampliar su tiempo de trabajo cuando existan puestos disponibles.