CCOO y UGT han expresado su firme oposición a cualquier intento de entrada o injerencia de compañías extranjeras que puedan poner en tela de juicio la reserva de pabellón en los servicios portuarios de España, tras mantener una reunión con la directora general de Marina Mercante, Ana Núñez.
Tras la aplicación del Reglamento de servicios portuarios, España notificó a la Comisión Europea en febrero de 2019 que, con el fin de asegurar que los armadores cumplieran sus obligaciones sociales y laborales con las plantillas de remolque y amarre portuario, se exigiría que las embarcaciones que quisieran operar en dichos servicios portuarios estuvieran registradas bajo bandera española.
No obstante, la Comisión Europea recibió una queja de una compañía alemana de remolcadores que quería operar en un puerto español, al considerar que se le aplicaban requisitos nacionales que, supuestamente, vulneran el Derecho de la Unión Europea.
Como respuesta, la Comisión Europea, a través de una carta remitida a España, determinó que la normativa española que obliga a utilizar una bandera nacional para lograr ese objetivo resulta incompatible con el reglamento, dado que el respeto de la legislación laboral puede garantizarse al amparo del artículo 4.2.g del Reglamento de servicios portuarios.
Ante este escenario, CCOO y UGT anuncian que se movilizarán frente a cualquier intento de introducir banderas de otros Estados en los puertos españoles, al entender que esta medida supone “un ataque directo” a la seguridad y a las condiciones laborales de los trabajadores que desempeñan los servicios portuarios mencionados en los puertos del país.