CCOO y UGT señalan la falta de inversión sanitaria como principal origen del aumento de las bajas

UGT y CCOO critican el informe de la AIReF y atribuyen el aumento de las bajas médicas al deterioro de la sanidad pública y a las condiciones laborales.

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Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez. Marta Fernández - Europa Press

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Los sindicatos UGT y CCOO han rechazado que el informe de la AIReF sobre la evolución de la incapacidad temporal (IT) pase por alto que la “principal causa” del repunte de esta prestación está vinculada al deterioro de los tiempos de atención y de la capacidad de respuesta del sistema sanitario público.

Aunque ambas organizaciones han avanzado que estudiarán con detalle el documento, han subrayado que entre sus conclusiones no figure “ninguna referencia” a las consecuencias sanitarias que la Organización Mundial de la Salud atribuye a una pandemia “tan grave como la del Covid”.

“No es necesario en cualquier caso disponer de un informe técnico exhaustivo que acredite que un fenómeno como la virulencia de la gripe que se ha registrado en las últimas semanas, con una duración de hasta 10 días, ha desplegado sin duda efectos sobre la IT”, han señalado UGT y CCOO en un comunicado conjunto.

Según ambos sindicatos, el aumento de las bajas vinculadas a problemas de salud mental está igualmente relacionado con las transformaciones en la organización del trabajo, la digitalización, la gestión mediante algoritmos y el auge de las plataformas, así como con sus repercusiones sobre la salud de la plantilla.

Al mismo tiempo, recuerdan que la infradeclaración de enfermedades profesionales sigue siendo “otra asignatura” pendiente para identificar adecuadamente los daños de origen laboral, lo que afecta de lleno a la prevención de riesgos laborales y provoca que, como denuncian CCOO y UGT, se mantengan situaciones que “ni se evita ni se previene”.

Más empleo, más procesos de incapacidad temporal

Asimismo, las centrales sindicales apuntan que el avance de la actividad económica y del empleo también “influye” en el aumento del número de procesos de IT, tras constatarse un incremento del 60% en la incidencia de las bajas por contingencias comunes entre 2017 y 2024, de acuerdo con los datos manejados por la AIReF.

UGT y CCOO rechazan que el informe sugiera “un pretendido abuso generalizado” de las prestaciones por parte de pacientes y personal sanitario, algo que, a su juicio, en una primera lectura el propio documento no llega a acreditar.

“Tampoco que las medidas de refuerzo de control sean suficientes por sí mismas para reducir el número y duración de los procesos de incapacidad temporal”, han añadido, cuestionando que el énfasis en el control sea la vía principal para abordar el fenómeno.

Para las dos organizaciones, el texto de la AIReF incluye planteamientos que evidencian “serios problemas metodológicos” y de “enfoque”, sobre todo cuando “se apoyan en análisis automatizados”, previsiblemente elaborados con herramientas de inteligencia artificial, “sin el necesario contraste” con la realidad asistencial y laboral.

Además, sostienen que el informe introduce de forma implícita un elemento de “estigmatización” hacia determinados colectivos protegidos y un cuestionamiento “injustificado” del legítimo ejercicio de los derechos de protección social.

Reorientar el debate hacia la sanidad pública

A juicio de UGT y CCOO, confundir correlaciones estadísticas con explicaciones causales sólidas desplaza la discusión del núcleo del problema y merma la credibilidad del análisis, al dejar fuera las causas estructurales relacionadas con el sistema sanitario público, la salud laboral y las condiciones en que las personas trabajadoras desarrollan su actividad.

“Limitar el análisis a la evaluación de la evolución del gasto, asumiendo con naturalidad que la incidencia de la IT es procíclica (...) es colocar el foco en un análisis de gasto, sin entender que estamos ante un mecanismo de protección de la salud y de sustitución de rentas cuando aquella falta”, han remarcado.

Por ello, reivindican que las medidas “más eficaces” para contener el incremento de las bajas pasen por reforzar la atención sanitaria pública y los recursos del Sistema Nacional de Salud, en lugar de centrar el debate exclusivamente en el coste de la prestación o en mayores controles.